Revista Mensual | Número: Julio de 2011
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Fuentes consultadas:
EE.UU.-Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW).
China: Xinhua (XH). Rusia: Russia Today (RT). Irán: HispanTV (HTV). Líbano: Al Manar (AM).
Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Brasil: Folha de São Paulo (FSP). Colombia: El Tiempo (ET).
Argentina: Clarín (CL); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Página/12 (P12).
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Golpes de efecto

Preparando el golpe económico
Autoritarismo K
La corrupción
El papel de los organismos
Derechos Humanos y lucha de clases
Organismos de DDHH y movimiento obrero
Preparando la invasión


Desestabilización y batalla ideológica

Golpes de efecto

Por Martín Yuchak

Las Madres siempre hemos seguido el camino de los hijos y nuestros hijos sabían qué significaba la ética, la solidaridad, la igualdad, el amor, la comprensión, el compañerismo. Eran de nuestra clase. Las otras clases sociales hacen esto que hacen: les ponés la mano y te la comen.

(Hebe de Bonafini, presidenta de Asociación Madres de Plaza de Mayo)

 

Mientras la oposición política nacional se adentraba en una deslucida y accidentada campaña con vistas a una elección presidencial en la que no vislumbra visos de triunfo, la clase dominante en la Argentina –la oligarquía terrateniente–  elevaba la tonalidad de los ataques ideológicos hacia el gobierno nacional, con vistas a minarle un poco la base de apoyo que posee en amplias capas de sectores populares y, sobre todo, en las capas medias.

Varios fueron los frentes que abrió la oligarquía este último mes de junio y de diferente intensidad. El más resonante mediáticamente resultó sin duda el caso de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al frente del plan de viviendas que desarrolla la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Pero no fue el único. Sino que la fuerza social conducida por los dueños de la tierra jugó a varias puntas. Observemos algunas de ellas.

Preparando el golpe económico

El mes se iniciaba con dos anuncios destinados a generar pánico económico. El primero era un informe presentado por el Instituto de Finanzas Internacionales, organismo que agrupa a los principales bancos del mundo. El mismo auguraba que la Argentina terminaría el año con una inflación del 25,8%, frente al 22,9% de 2010 (LN 2/6). El segundo era la advertencia del matutino La Nación acerca de que el país presentaría este año una fuga de capitales por U$S 17.000 millones, contra U$S 11.400 de 2010, sumado a un menor superávit comercial e incertidumbres en el mercado cambiario debido al proceso preelectoral. Esto se debería, según el diario de los Mitre, al fuerte control que realiza el gobierno hacia la actividad privada a través del Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); control que, por supuesto, espanta las inversiones –única fuente, según los manuales de economía liberal, de generación de empleo y combate contra la pobreza– y reduce la acumulación de reservas del Banco Central (LN 6/6). La operación es conocida. Grupos económicos, que por su posición monopólica en el mercado son formadores de precios y además retiran del país sus capitales cuando lo ven conveniente, cargan sobre el gobierno el resultado de lo que ellos mismos generan.

Pero el escenario se ponía realmente movido en el mundo empresario cuando el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, salía a defender abiertamente el modelo económico y hacía votos por su continuidad, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, en un almuerzo que la cúpula empresaria compartía con el gobernador Scioli: “Damos por sentado que todas estas políticas tienen que estar por un período mucho más amplio. Estamos hablando de un proyecto a largo plazo, y esta oportunidad que la Argentina tiene, ni el gobernador ni nosotros queremos desaprovecharla”. A su vez, el titular de la UIA aclaraba que “uno de los temas cruciales que tenemos para poder seguir en este crecimiento es la competitividad. La gente muchas veces asoció competitividad a tipo de cambio y parecería que solamente la Argentina puede resolver esto vía devaluación, pero acá quedó demostrado [haciendo alusión al conflicto ya solucionado con Brasil] que es un tema mucho más profundo, que tiene que ver con muchas facetas”. Y sentenciaba, para que no quedasen dudas acerca de su alineamiento: “Estuvimos con la Presidenta en México e Italia y tuvimos misiones comerciales muy importantes que son para un proyecto a largo plazo”. Recordemos que el mes anterior, el mismo De Mendiguren había afirmado: “Por lo que veo por ahora, voto a Cristina”. Y defendía la política económica, que según él “tiene una definición del rumbo muy clara” (LN y P12 7/6).

Frente a esto, la oligarquía, a través de su Tribuna de Doctrina, salía a “adoctrinar” al empresariado que, al parecer, no termina de comprender del todo su papel en la sociedad. Lo hacía desde su editorial titulado “La confusión entre lo público y lo privado”: “La confusión de lo público con lo privado se manifiesta también en las entidades intermedias. El ejemplo clásico es, desde los años 50, el alineamiento incondicional de la única central obrera reconocida por el Estado, la Confederación General del Trabajo (CGT), con el peronismo. (…)

Por más escandalosa que resulte esta promiscuidad política del gremialismo, la Argentina parece haberse adaptado a ella. Peor aún, en los últimos años y, en especial, durante la actual carrera proselitista, la opinión pública ha visto cómo, en vez de replegarse, este vicio se ha expandido. Lo que antes parecía una lamentable peculiaridad del movimiento sindical ha comenzado a contaminar a algunas organizaciones empresariales.

El caso más estridente ha sido el de la Asociación de Bancos Argentinos, cuyo presidente, Jorge Brito, manifestó su apoyo a la reelección de la señora de Kirchner, con absoluto desdén por la representación que sus pares le han confiado.

El titular de la Unión Industrial Argentina, Ignacio de Mendiguren, debió aclarar que sus ambivalentes declaraciones sobre la necesidad de hablar con la Presidenta y con el gobernador Daniel Scioli sobre las políticas de los próximos años no eran una adhesión ni una apuesta a sus reelecciones. Poco después de hacerlo, Mendiguren participó de un acto en la localidad de Mercedes del que salió apoyando al candidato oficial a la intendencia, un militante de la agrupación La Cámpora. (…)

Desde que el kirchnerismo se estableció en la Casa Rosada, se han multiplicado los indicios de que algunos encumbrados dirigentes empresariales podrían haber canjeado su adhesión al Gobierno por diversos beneficios materiales: en algunos casos, créditos especiales del Banco Nación; designaciones como representantes del Estado en empresas en las que éste tiene participación o contrataciones para proveer al sector público determinados productos o servicios” (LN 29/6).

Cada vez más capitalismo de amigos, cada vez menos capitalismo de libre iniciativa privada, de libre empresa, terreno en el cual los monopolios que producen en el campo y la agroindustria se devoran a los capitales menos concentrados, que buscan desesperadamente la mano del Estado para subsistir.

Lo cierto es que, ante la caída de Héctor Méndez –ligado al sector agroindustrial– y la asunción de De Mendiguren como presidente de la UIA, la alianza conducida por los propietarios pamperos vuelve a tener al principal nucleamiento del empresariado industrial en contra. Lo mismo ocurre con la central que nuclea a los bancos privados de capital nacional (Adeba), que conduce el vilipendiado Jorge Brito. El pecado de estos empresarios consiste en no respetar el espíritu de cuerpo, en privilegiar sus negocios privados por sobre la defensa de la clase empresaria en su conjunto, a la cual deben defender desde sus centrales patronales.

Sobre esta base, se sale a golpear el modelo económico, poniendo como espejo lo que le sucede a Grecia en estos momentos, donde “el ajuste parece agravar y no solucionar la crisis, pero la realidad es que no tiene alternativas”, y a su vez “algunos argumentan sin fundamento legal ni económico, que la deuda es ilegítima”.

En estos últimos años el viento externo a favor facilitó un crecimiento desmedido del gasto público y permitió que se alentara artificialmente el consumo. Se congelaron las tarifas de los servicios públicos compensando a las empresas con subsidios crecientes. El déficit fiscal es una realidad y, sin crédito, el Gobierno se obliga a financiarlo con el Banco Central y los fondos de la Anses. Resulta así que se expande la cantidad de dinero y se produce inflación. Se apela para reducirla sólo al ancla cambiaria y al inútil control de precios. La inflación en dólares supera el 20 por ciento anual, afectando la competitividad y el saldo comercial. Pero hay límites. Se están recreando las condiciones que, sin corrección, pueden llevarnos a serias dificultades para enfrentar los vencimientos de la deuda pública. Si eso sucede habrá consecuencias dolorosas y habrá que llegar a un ajuste. En ese momento será preferible que se lo haga ordenadamente; de lo contrario, se producirá en forma descontrolada y con peores resultados, como ocurrió tras la crisis de fines de 2001. Si esto sucede será importante saber que no hubo culpas ajenas y que se estarán pagando las consecuencias de haber hecho persistir un modelo ya agotado, pero presentado como digno de ser profundizado. Las correcciones deben iniciarse ya mismo, siguiendo aquello de que es mejor prevenir que curar”, sostenía el editorialista (LN 12/6). Las “correcciones” que se exigen son claras: reducir el gasto público y por lo tanto el consumo popular, permitir el aumento de tarifas de servicios públicos, volver a recibir créditos de los organismos financieros internacionales y por lo tanto someterse a sus planes, dejar que los precios fluyan sin control. En síntesis: “ajustar ordenadamente”, con lo cual queda claro que no se está demandando ninguna corrección al modelo sino su reemplazo liso y llano por otro más afín a los intereses de la oligarquía terrateniente y a toda su cadena de mando internacional.

Y, como continuidad de esto último, la Fundación Sociedad Rural Argentina presentaba una acción judicial reclamando que se declarasen inconstitucionales y confiscatorias las retenciones. La presentación estaba basada en el “perjuicio económico” de $ 240.000 que dicha fundación tuvo en su colegio educativo agropecuario de Realicó (La Pampa), durante 2006 y 2009, a causa de las retenciones. El presidente de la SRA, Hugo Biolcati, denunciaba un sistema de comercialización “corrupto” y agregaba: “Todo es discrecional y depende de los favores que hace un secretario de Estado a determinados grupos empresarios porque le conviene, porque le saca las baratas [los cortes cárnicos a precios rebajados que empresarios de la carne están obligados por Moreno a colocar en el mercado interno]”. Al mismo tiempo, sostenía  que el plan del Gobierno es continuar “destruyendo el aparato productivo”, favoreciendo “la sojización y la despoblación de los campos” (LN 15/6).

Días más tarde, le llegaba el turno al titular de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Pablo Taussig, quien en una entrevista disparaba no tanto contra el gobierno sino contra sus colegas que “se callan la boca” ante aquel. Comenzaba indicando que el Estado debe ser regulador, no empresario, salvo en situaciones puntuales. El Estado empresario no va”, al tiempo que cuestionaba “la ruptura de la institucionalidad y el no acostumbrarse a que la sociedad se gobierna por leyes, no con llamadas telefónicas. No obstante, frente a esto “[los empresarios] tienen muy poca conciencia de clase y no tienen una agenda consensuada. Si les va más o menos bien, se callan la boca, hasta que los tocan a ellos. Creo que todos tenemos una culpa en eso. (…) Falta un pensamiento de mediano plazo y de cámaras representativas. Mientras dura la buena situación, nadie se queja” (LN 18/6). El alineamiento es claro respecto de la línea crítica que las patronales del campo vienen sosteniendo respecto de la conducción empresarial industrial.

Una semana más tarde se realizaba el XIV Encuentro de la ACDE. Desde allí, disparaba Gonzalo Tanoira, director financiero de la minera Patagonia Gold: “Necesitamos un marco legal de estabilidad que al menos durante diez años sea inamovible para generar las inversiones”, cosa que no existe hoy debido al “cierre de importaciones y exportaciones”, la fijación de precios máximos a algunos productos y la existencia de una “actividad sindical fuera de control”. Por ello, proponía a sus colegas: “Lo que nosotros podemos hacer es no invertir. El Estado nos puede obligar a muchas cosas, pero no a invertir. Puede sonar antipático, lo sé. Los argentinos no estamos dispuestos a invertir sin reglas de juego estables”.

El argumento es tan sencillo como reiterado: todo lo que sean reglas de juego estables pero distintas a las deseadas por este sector del empresariado no son consideradas “reglas de juego estables”. A su vez, el empresario hace gala de su negativa a asumir cualquier función social del capital. Para él, las inversiones empresarias son cosa pura y exclusivamente del empresario, quien no debe rendir cuentas a nada ni a nadie de lo que hace. El Estado debe dejarlo ganar dinero y ya. Es esta lógica la que busca contrarrestar el proyecto de ley de reparto de ganancias entre los trabajadores, que estipula la participación de los mismos en los directorios de las empresas, como modo de controlar que las inversiones y la producción tengan un fin social, es decir, que beneficien al conjunto de la sociedad, y no sólo al empresario. Así lo definía la Constitución aprobada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1949.

Por ello mismo, Tanoira consideraba “excesivo” pedir que los empresarios, además de “compartir sus ganancias con el Estado” a través de los impuestos (dijo que el fisco se lleva casi el 50% de lo que generan), las distribuyan entre los trabajadores: “Si agregamos la distribución de ganancias, vamos a quedar todavía más rezagados en la captación de inversión privada”. Y sentenciaba: “Castigar la inversión privada no es la manera de beneficiar a los que menos tienen”.

Al mismo tiempo, el directivo de la minera reconocía que “todavía existe una enorme informalidad en el sector empresario, en cuanto al pago de impuestos, coimas y cumplir con las normas de medio ambiente”, pero lo justificaba contando que muchos de sus colegas “cuando pierden su libertad como empresarios sienten que ya no les corresponde” aportar a la sociedad. El argumento es tan magnífico como absurdo. La millonaria evasión fiscal y todas las violaciones normativas que realiza el empresariado se producirían justamente por culpa de un exceso de dichas normativas, es decir, de un excesivo “marco legal de estabilidad”. Si dejasen de controlar tanto, si nos permitiesen hacer lo que nos de la gana con nuestro capital, todos seríamos respetuosos de las normativas establecidas. Dando un paso más en el razonamiento: sólo cumpliríamos las normas si dejasen de existir las normas.

A su turno, Nicolás Braun, director de Mercaderías de Supermercados La Anónima se refería a otra de las trabas que los empresarios encuentran para el libre desarrollo de su actividad creativa: “En los últimos 5 o 6 años los conflictos laborales han pasado a ocupar una parte importantísima de nuestra agenda. En general, los empresarios encontramos muchísima más conflictividad laboral que antes” (LN 24/6). Y encima del Estado, los sindicatos, así no se puede muchachos, así no invertimos…

Autoritarismo K

Sobre la base de este panorama empresario, todos los cañones volvían a empujarse en la dirección de denunciar el autoritarismo gobernante, de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

La incansable Beatriz Sarlo volvía a insistir con un argumento que viene repitiendo: la incapacidad intelectual con que carga la oposición política para librar la batalla ideológica contra el kirchnerismo: “Borrar las diferencias ideológicas implica borrar un ordenamiento de valores; implica también considerar a la sociedad como ‘a gente’, a los ciudadanos como ‘vecinos’. Todo eso integra el arsenal de la des-ideologización de la política, que no es el mejor camino cuando, justamente, la re-ideologización kirchnerista todavía se mantiene en alza. Discutir con el kirchnerismo el campo progresista implica reconocer la existencia de ese campo, no su negación por una circular de los asesores de imagen” (LN 17/6). A la pelea por ese “campo”, entonces.

A mediados de mes, la Fundación Libertad y Progreso publicaba un trabajo en el que se consignaba que la Argentina había caído de la posición 120 a la 125 –sobre un total de 194 naciones– en materia de calidad institucional, a partir de mediciones realizadas por organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras. Nuestro país sería, según este informe, uno de los siete que más han caído en su Indice de Calidad Institucional (ICI) respecto del año anterior y al mismo tiempo descendía 32 lugares desde 2007 a la fecha (LN 16/6). El problema de la institucionalidad estaba a la orden del día para el órgano de los Mitre, que planteaba en un editorial al respecto: “Los últimos años han sido testigos de un profundo retroceso en materia institucional, al extremo de que, para algunos actores políticos, la división de poderes y ciertos mecanismos propios de la vida republicana constituyen un mero estorbo burocrático. Esa lamentable cultura política se traslada, invariablemente, a parte de la sociedad, incrementando la percepción de que, en todos los terrenos, la fuerza está siempre por encima de la ley” (LN 17/6).

De allí, se insistía con un asunto predilecto para la oligarquía: el concepto de Justicia y cómo se imparte la misma. Así sostenía otra nota editorial, denominada “¿Justicia o persecución?”: “Lo que ha estado y continúa ocurriendo con algunos procesos judiciales en nuestro país, como los casos audazmente emprendidos contra algunos empresarios rurales o contra Shell, Papel Prensa, Fibertel o, más recientemente, el grupo Techint, sugiere que el momento es propicio para recordar que cuando, al terminar la Segunda Guerra Mundial, los aliados comenzaron a organizar el histórico Tribunal de Nuremberg, se pusieron en evidencia dos visiones muy diferentes acerca de cómo debía operar y cuál debía ser su cometido institucional en la búsqueda de administrar justicia.

Para el principal representante soviético en esas conversaciones, el general Nikitchenko, en ese momento vicepresidente de la Corte Suprema de la Unión Soviética, el tribunal debía simplemente ‘determinar la medida de la responsabilidad de cada persona en particular y establecer el castigo necesario’. Es lo que sucede todavía en Cuba y en otros países autoritarios, en los que el papel del Poder Judicial es el de un mero agente de quien ocupa el Poder Ejecutivo. Presumía aquel general, desde el comienzo, que todos los que resultaran convocados a comparecer ante el tribunal para ser juzgados eran inexorablemente criminales.

Esta visión, de naturaleza profundamente totalitaria, supone que la justicia es apenas la ejecutora de la voluntad del poder político, al que debe estarle siempre subordinada de manera sumisa.

La concepción soviética apuntada tiene un llamativo paralelo con la visión de aquellos que, entre nosotros, se refieren constantemente a la necesidad de que existan ‘juicio y castigo’. De hecho, así rezan los carteles y las consignas de algunas de las más conocidas organizaciones de derechos humanos en nuestro país. Como si la mera iniciación de un proceso debiera necesariamente terminar en la culpabilidad de los acusados, sin que exista, siquiera, en su favor la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Nacional. Como si el acusador fuera, a la vez, juez. (…)

Más allá de las presiones de distinto tipo y hasta de las intimidaciones, cabe esperar que nuestros jueces mantengan, en todas las circunstancias, una actitud real de imparcialidad e independencia, sin la cual se derrumbarían los equilibrios y contrapesos republicanos de nuestra Constitución, al tiempo que los argentinos quedaríamos enteramente a merced de la arbitrariedad de un poder que, en su perverso accionar, desgraciadamente no reconoce fronteras de ningún tipo” (LN 8/6).

Anotemos. Se identifica el concepto de Justicia del Gobierno con el de la Unión Soviética –y por lo tanto con los actuales gobiernos de Cuba y Venezuela–, algo con lo que La Nación viene insistiendo desde hace tiempo. Tal concepto no se reconoce en los procesos judiciales normales de la democracia occidental –donde rige la plena división de poderes– y violenta nuestra Constitución. A su vez, algunos organismos de DDHH invocan esta categoría soviética bajo la consigna “juicio y castigo”. Frente a todo esto, no queda sino atrincherarse en la corporación judicial, terreno en el cual la oligarquía mantiene cierta estructura que responde a sus intereses. Pues está en juego la propiedad privada: “Esta necesidad intrínseca del populismo hace que los gobiernos de ese signo ignoren la democracia republicana y sean cada vez más autoritarios. Para sostenerse en el poder, necesitan violar cada vez más derechos de propiedad. Y para violar más derechos de propiedad, necesitan que no haya división de poderes, ignorar los fallos de la Justicia y silenciar las voces opositoras”, sostiene una vez más el editorialista (LN 12/6). La justicia comienza a convertirse, entonces, en el único garante de los derechos de propiedad, ya que “es evidente que hay una impronta de Fidel Castro y Hugo Chávez en este estilo populista y demagógico” (LN 23/6).

Y se reproducían las voces académicas para intentar explicarse y explicar, desde la perspectiva oligárquica, en qué consiste esto del populismo en la actualidad. Así, por ejemplo, una nota en el diario mitrista firmada por el economista Daniel Gustavo Montamat, titulada “El populismo posmoderno”, teorizaba: “El populismo político espanta a los que comparten valores republicanos fraguados en los principios del constitucionalismo moderno y el Estado de Derecho, pero resulta edulcorado para quienes se conforman con una democracia formal basada en la regla de la mayoría. Las versiones maniqueas de la realidad a menudo suman votos y ganan elecciones. Si enfrentan instituciones débiles y crisis sociales recurrentes, muchas veces degeneran en las denominadas democracias ‘delegativas’ o ‘prebendarias’ que, salvo por los turnos electorales, en nada se parecen a las democracias representativas o participativas. Bajo la lupa de la argumentación moderna, todas las variantes de democracia populista son ni más ni menos que reencarnaciones de los proyectos corporativos fascistas de mediados del siglo pasado; reminiscencias de los nacionalismos románticos del siglo XIX. (…)

Pero el auge populista de principios del siglo XXI tiene más que ver con el presente que con el pasado. El populismo es la nave insignia de la política posmoderna, en la que rige el ‘imperio de lo efímero’. La obsesión por ocuparse en las demandas del hoy –del aquí y del ahora–, movilizando pasiones y sentimientos exculpatorios, el pragmatismo exacerbado para brindar soluciones rápidas que no reparan en consecuencias futuras y el culto a la sensación que domina el presente constituyen una poderosa apelación a eternizar el instante: el proyecto excluyente de la posmodernidad. (…)

La redistribución ya no es un objetivo de justicia social, sino un medio (un pretexto) para alentar sensaciones de consumo efímero, desigual y clientelar para muchos, pero anestésico en la angustia del instante. El populismo en clave moderna se anatemizaba como ‘pan para hoy, hambre para mañana’; en la posmodernidad es ‘pan para hoy, no existe el mañana’” (LN 29/6).

La propia doctrina que los apologistas del capitalismo eterno crearon hace varias décadas como elemento de dominación en el plano de las ideas, el llamado “posmodernismo”, es cuestionado ahora por ellos mismos como un elemento nocivo más que contiene esa bacteria llamada “populismo”. Obsérvese que se culpa a estas democracias “delegativas” o “prebendarias”, de aquello que las relaciones de producción capitalistas –con sus bellas democracias occidentales– producen en la subjetividad: “el culto a la sensación”, la “eternización del instante” y el “imperio de lo efímero”.

Frente a esto, la propuesta que hacía La Nación en otro editorial era “La democracia en serio”. Allí se consignaba “el resultado de una encuesta realizada entre alumnos de escuelas públicas que ha demostrado que para el 60 por ciento de nuestros chicos la democracia no es necesariamente la mejor forma de gobierno para la Argentina y el mundo.

El trabajo se realizó con alumnos de primero y segundo año de los institutos secundarios de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Sus edades oscilan entre los 12 y los 15 años. (…)

El 40 por ciento de los 500 adolescentes consultados ha dicho que cree que la democracia es la mejor forma de gobierno. El 30 por ciento contestó que lo cree también, pero a veces sí, otras no. El 25 por ciento dijo que no sabe y el 5 por ciento afirmó que la democracia no es lo mejor con que podamos contar para un buen gobierno.

El ministro de Educación ha prometido que habrá medidas para fortalecer los conceptos de democracia y partidos políticos en los colegios y que a esos fines se distribuirá material didáctico. Así dicho suena muy bien, pero no vaya a ser que por allí se cuelen incongruencias tan manifiestas como la de una tendencia todavía subterránea, que amenaza con aflorar, y que pretende despojarnos de la ‘democracia representativa’ en nombre de una ‘democracia participativa’ sobre la que hay mil razones para desconfiar” (LN 25/6). De este modo, la oligarquía toma nota del peligro que conlleva para la manutención de lo existente el creciente grado de participación y politización popular. Ante esto, la respuesta es “no hagan olas”, y menos en la educación, punto sensible para la construcción hegemónica. Porque en la “democracia representativa”, donde “el pueblo no gobierna ni delibera”, la clase dominante ejerce el poder más allá de gobiernos de uno u otro signo. Recordemos los llamados desesperados por parte de aquella para recrear el sistema de partidos políticos, quebrado por una crisis en el sistema de dominación de dimensiones crecientes. Este es el verdadero miedo oligárquico, escondido detrás de las diatribas contra el “autoritarismo” y el “despotismo”. El temor de que el auge de la intervención popular en la política, la militancia, se consolide e institucionalice.

De ahí las alertas que comenzaban a llegar respecto de una potencial reforma constitucional que ensayaría Cristina Fernández en caso de resultar reelecta, con el supuesto objetivo de permitir la reelección indefinida. Comienza a circular el fantasma de las reformas realizadas en los países del denominado ALBA –Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua– donde más que la reelección indefinida se consolida un proyecto contrario a los intereses del capital, y para ello se impulsan distintas herramientas para el ejercicio del poder popular. Así se expresaba el experto en temas de justicia de la Tribuna de Doctrina, Adrián Ventura, en su artículo “Reformas para conservar el poder”: “No era difícil predecir que la presidenta Cristina Kirchner se presentaría para otro período. Ahora, no es difícil prever que, en caso de resultar elegida, intentará reformar la Constitución nacional para asegurarse la reelección indefinida. Por lo menos, se reclamará esa reforma para evitar que la mandataria se convierta, después de diciembre de 2011, en un pato rengo, como se llama en los Estados Unidos a un presidente que se avecina al ocaso de su mandato” (LN 23/6). En última instancia, están comenzando a preparar el terreno para dar una pelea que entienden inevitable, la pelea por impedir que se reforme la Constitución en el sentido señalado.

Y en este terreno comenzaba a jugar a fin de mes la Primera División del equipo terrateniente. El primero era el renombrado Mariano Grondona, con su nota dominguera titulada “Cristina Kirchner, ¿es democrática o monárquica?”: “La Argentina enfrenta un profundo dilema institucional. Si de aquí a octubre gana la democracia, el despotismo kirchnerista se desvanecerá. En caso contrario, enfermo o no, Chávez nos visitará. Este dilema confiere a las próximas elecciones un doble carácter. De un lado, se elegirá a los funcionarios que habrán de gobernarnos. Este es el aspecto supuestamente ‘normal’ de lo que ocurrirá en los próximos meses. Del otro lado, empero, el pueblo decidirá cuál de los dos principios que están en pugna, la democracia y el despotismo, prevalecerá porque, en tanto la derrota de Cristina traería consigo la plena restauración de la república democrática, su victoria reabriría de inmediato la propuesta, que adelantó el gobernador Gioja en San Juan, de una ‘Cristina eterna’ mediante plebiscito, tal como la definió en su momento, adelantándose afanosa a todos sus correligionarios, la diputada Diana Conti. ¿Qué tendremos, entonces, por delante? Una ‘presidenta Cristina’, en el tramo final de su ciclo republicano, o una ‘reina Cristina’, dinástica y sin plazos?” (LN 26/6).

Y finalmente, jugaba el filósofo Santiago Kovadloff, en su escrito “La Constitución o el delito”: “Queda claro: la lucha de fondo, a partir de aquí, será a favor o en contra de la Constitución. A favor o en contra de la ley. A favor o en contra de la alternancia. A favor o en contra del autoritarismo. Sólo después, si se impusiera el marco de un sistema político y jurídico saneado, la izquierda y la derecha tendrán ocasión de ofertar sus matices doctrinarios.

Hasta ese momento la lucha será otra. Hasta allí, lo que está en juego son dos concepciones de la gobernabilidad. Una es democrática, la otra no. Anteponer lo ideológico –como campo de confrontación prioritaria– a esta alternativa axiomática equivale a darle la espalda al drama del país para buscar amparo en el lirismo conceptual. O, lo que es peor, a instalar la discusión en un escenario que a todas luces le conviene al oficialismo para seguir camuflando con bellas palabras hechos deleznables y propósitos demagógicos. (…)

Hay horas en las cuales no entender qué es lo decisivo para una nación puede resultar fatal para su porvenir. Esta es una de ellas. Las circunstancias exigen de las dirigencias opositoras una lucidez perceptiva que no admite más dilaciones. Lo que primeramente hace falta es derrotar al kirchnerismo. Se trata de identificar o dejar de identificar la línea divisoria entre quienes comprenden que es indispensable defender la democracia y volver a consolidarla y quienes la esquilman sin pudor por entender que es otro el camino que debe seguir la organización nacional. De modo que o se está con la Constitución o se está contra ella. Con el propósito de respaldarla o con el proyecto de abolirla en favor de otra legalidad. (…)

De modo que la cuestión primordial no es saber quién ganará y quién perderá. Lo que cabe saber es qué se ganará y qué se perderá con quien gane y con quien pierda. Se trata de ver si estamos dispuestos a ir hacia una reforma constitucional que asegure la reelección indefinida del oficialismo actual o hacia un proyecto de alternancia que devuelva consistencia y seriedad a la democracia argentina (LN 30/6). El filósofo no deja mucho comentario por hacer. Los candidatos opositores deben entender que no es necesario ni posible esperar hasta la segunda vuelta. Hay que unirse contra el Gobierno luego de las primarias. Está en juego la República y todos los comprometidos con su causa deben acudir a su salvataje. Luego llegará el tiempo de las “ideologías” y de los “matices doctrinarios”. Está en juego la propiedad privada, el dominio de clase. Toda la dirigencia comprometida con ese dominio debe salir a defenderlo.

La corrupción

Iniciando el mes, aparecía –agigantado por la compulsión mediática– la noticia que tendría en vilo a los argentinos durante semanas.

La Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Gobierno e investiga casos de lavado de dinero, remitía a la Justicia su expediente contra el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender. La acusación estaba centrada en el desvío de fondos por parte de la empresa Meldorek, supuestamente propiedad de Schoklender, que recibía los fondos del Estado para la construcción de las viviendas sociales del proyecto Sueños Compartidos, llevado adelante por la Fundación. Schoklender era sospechado de hacer desaparecer millones de pesos girados a la Fundación, utilizando como “pantalla” la empresa Antártica Argentina SA, con lo cual, la imputación era por tres delitos: fraude al Estado, lavado de dinero y asociación ilícita.

El caso incluía la denuncia que realizaran el 18 de junio de 2010 dos diputadas de la Coalición Cívica contra Schoklender por lavado –que revela irregularidades en la compra de terrenos en José C. Paz– pero tenía además informes de varios organismos públicos sobre la situación patrimonial de quien había sido hasta una semana antes representante de las Madres de Plaza de Mayo.

Ante los hechos, Sergio era reemplazado como apoderado de la Fundación por su hermano Pablo, quien a su vez sería separado por la Presidenta de la asociación pocos días después (LN y P12 2/6).

La causa avanzaba en pocos días hacia la prohibición de salir del país para los hermanos Schoklender –medida dispuesta por el juez que entiende en la causa, Norberto Oyarbide– a lo que seguía una intimación a la fundación para que entregase toda la documentación ligada a la construcción de las obras y el allanamiento de cuatro domicilios –entre los que se cuentan las oficinas de las mencionadas Meldorek y Antártica Argentina SA (LN y P12 4/6).

Finalmente, el día 13, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se presentaba en los tribunales y pedía al juez Oyarbide ser aceptada como querellante de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por una serie de cargos, a saber:

ü No haber depositado en las cuentas de la Fundación Sueños Compartidos todos los cheques destinados a la construcción de viviendas sociales y, en cambio, haberlos cambiado en cuevas financieras. Tal dinero aparentemente sustraído podría haber producido un endeudamiento de Madres.

ü Haberse llevado en forma clandestina documentación clave de sus dependencias en un camión blindado la noche del 3 de junio, justo cuando se conoció públicamente el conflicto que mantenían.

ü Poner a nombre de Meldorek parte de los vehículos que se usaban para tareas de la fundación (P12 y LN 14/6).

A principios de mes, cuando recién se oían los primeros estertores del caso, Madres intentaba restarle trascendencia al caso, a través de su presidenta. La misma expresaba, en la marcha número 1728 que las Madres realizan todos los jueves: “Muchos vinieron hoy a esta plaza vorazmente para ver qué carajo va a decir la Hebe, pero se van a tener que morder la cola porque lo que la Hebe va a decir es que queremos que este país sea como lo deseaban nuestros hijos. Nuestros hijos dieron la vida por un país mejor y hay demasiada sangre como para perder el tiempo en pelotudeces”. Y dejaba en claro su alineamiento: “Gracias, compañeros, por ser hijos de las Madres, y porque hoy estamos defendiendo algo más que a las Madres: al proyecto nacional y popular” (LN y P12 3/6).

Desde el propio Gobierno llegaba la defensa del proyecto de las Madres. “En todo caso, lo que habrá ocurrido es que [Schoklender] ha defraudado a las Madres de Plaza de Mayo”, expresaba el ministro del Interior Florencio Randazzo, aclarando que Schoklender “no es funcionario del gobierno nacional” y que “de ninguna manera se deben sembrar dudas respecto de una organización” que es “orgullo y prestigio en todo el mundo”. Por su parte, el canciller Héctor Timerman manifestaba su “total y absoluta confianza” por las Madres “y por nadie más”. “Voy a seguir promoviendo su obra en el extranjero, a pesar de cualquier crítica que le quieran hacer”, enfatizaba el ministro de Relaciones Exteriores. Para culminar que “muchos de los que se beneficiaron, compraron y se apropiaron de empresas hoy han elegido culpabilizar a Hebe y, a través de Hebe, pegarle a todo un movimiento de derechos humanos, en ésa no voy a entrar” (P12 3/6). El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández sostenía: “Tengo claro que las Madres no tienen nada que ver con esto. Sé cómo vive Hebe de Bonafini, cómo se desarrolló toda la vida y sé lo que hace todos los días” (LN y P12 6/6). También opinaba el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Frente a la pregunta del periodista de La Nacion acerca de si “pondría las manos en el fuego por Hebe de Bonafini”, respondía: “Por supuesto. No sólo por Hebe, sino por toda la fundación. Por los demás, por los que circunstancialmente han administrado, no. (...) Ahora salió el nombre de Schoklender, pero son 16 personas las que están involucradas. Las denuncias no deben desmerecer la tarea de esa fundación” (LN 8/6). Y el día 8 la titular de las Madres se entrevistaba con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, como un gesto de respaldo político por parte del Gobierno en medio de la investigación sobre las operaciones de Sergio Schoklender (P12 9/6). En el mismo sentido se expresaba el diputado del SI-UP Eduardo Macaluse: “Schoklender se ha enriquecido con plata que era para los más pobres entre los pobres”, y advertía que “no hay que impugnar a las organizaciones para no caer en una discusión electoral”. Para finalizar: “Estoy convencido de que Hebe de Bonafini no ha tocado un solo centavo ni guarda complicidad” (P12 9/6).

Desde la CGT, salía a opinar su secretario de Derechos Humanos, Julio Piumato: “Es una utilización para manchar a las Madres de Plaza de Mayo (...) Algunos medios de comunicación aprovechan esta causa para cuestionar indirectamente las políticas de derechos humanos” (P12 4/6)

Por su parte, el fiscal Jorge Di Lello, quien había requerido al juez las medidas mencionadas al comienzo, declaraba que “no sólo el Estado sino también una importante y trascendente organización que tiene una trayectoria mundial en la defensa de los Derechos Humanos” era la damnificada por los hechos a investigar (LN 4/6).

Del otro lado, comenzaba a escucharse el coro opositor, parejito y ordenado de derecha a izquierda del teatro. La diputada del GEN Margarita Stolbizer afirmaba que es “aberrante” tratar de amparar “la corrupción y los delincuentes en el discurso legítimo y justo de los derechos humanos”, advirtiendo que “hay una responsabilidad muy fuerte y grande del Estado por haber inyectado recursos a una organización privada sin ningún tipo de controles”. El jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, sostenía que es “increíble el silencio” que mantiene el Gobierno y le atribuía responsabilidad en el escándalo: “Esto no podría haber sido posible sin una red enorme de corrupción estatal que los ampare”. Al mismo tiempo, el diputado presentaba un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer el uso de los fondos del programa Sueños Compartidos. También el diputado Gustavo Ferrari presentaba un proyecto de resolución reclamando al Ministerio de Planificación Federal informes sobre “la ejecución de obras habitacionales y de equipamiento comunitario por parte de las Madres de Plaza de Mayo”. El legislador denunciaba a su vez que, según una auditoría al Instituto de la Vivienda bonaerense, realizada por el gobierno nacional, la construcción de 748 viviendas adjudicadas a las Madres tuvo un costo de $ 161.087 por unidad, cuando otro programa habitacional de villas y asentamientos costaba un promedio de $ 94.766. “El kirchnerismo está repleto de casos como el de Schoklender; no le encuentro grandes diferencias con los negociados que hicieron Jaime, Moyano y De Vido”, disparaba por su parte Ricardo López Murphy, candidato a jefe de gobierno porteño por el Partido Autonomista Nacional, durante una recorrida por Palermo y Recoleta. También afinaba en el coro el candidato a presidente por el Frente de Izquierda, Jorge Altamira: “Estamos asistiendo al episodio más triste de los últimos años, que es la completa desnaturalización del mejor símbolo que tenía el país, como las Madres de Plaza de Mayo, por culpa de una corruptela de un grupo que las rodea. (...) Esa corruptela viene de la política de cooptación y regimentación que sigue el Gobierno con todas las organizaciones populares” (LN 4 y 5/6). Y en la misma línea, salía a la palestra la diputada nacional cordobesa y candidata a vicepresidente por el Frente Amplio Progresista que encabeza Hermes Binner, Norma Morandini, que tiene dos hermanos desaparecidos durante la última dictadura.  Así sentenciaba: “Yo no eximo de responsabilidad a nadie por el dolor”. Y trataba de restarle relevancia a la historia de lucha de la Asociación Madres de Plaza de Mayo: “Las Madres no son Hebe de Bonafini; detrás de ese pañuelo blanco hay muchísimas mujeres a las que nadie les conoce la cara y que cuando todo el país estaba muerto de miedo tuvieron el coraje de ir en silencio a increpar al poder”. En tanto, el diputado nacional por la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán, sostenía: “El Gobierno formó parte de la estafa por connivencia”. Y nuevamente la diputada Margarita Stolbizer, cuando se le pedía opinión sobre si Bonafini estaba involucrada en las maniobras que tienen como protagonista a su ex apoderado, aseguraba: “Totalmente”. (LN 13/6). Otro que aportaba a la causa era el ex presidente y candidato por el partido Unión Popular, Eduardo Duhalde, sosteniendo que las irregularidades por las que se investiga a ex miembros de la fundación “eran un secreto a voces”. “Es el Gobierno el responsable, ni siquiera Hebe de Bonafini”, afirmaba Duhalde, y agregaba un elemento más al tema: “¿Qué tienen que ver las Madres con el hecho de ser empresarias de la construcción? Es absurdo”.  (LN 6/6). Y desde la Coalición Cívica (CC), los diputados nacionales Juan Carlos Morán, Elsa Quiroz y Fernanda Reyes presentaban en la Cámara baja un pedido de interpelación contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, y otros funcionarios, como José López y Abel Fatala. “Queremos preguntarles por todas las transferencias que se hicieron a distintas ONG para la construcción de viviendas”, decía Morán. “La sospecha es que no hay uno, sino muchos Schoklender, y que se repiten sobreprecios, empresas amigas y retornos en perjuicio de todos los argentinos”, sumaba el diputado bonaerense y candidato a gobernador por la CC (LN 6/6). En la jornada de interpelación, la diputada Quiroz consideraba que “los ciudadanos no le pueden pedir rendición de cuentas a Schoklender sino a funcionarios en los cuales se delega la gestión y las decisiones” (P12 9/6). Y quien llamativamente se sumaba al coro de críticas hacia Madres era el militante social y ex funcionario del Gobierno Luis D’Elía, para quien “la investigación se debe hacer a fondo, incluida Hebe, afecte a quien afecte”; ampliando: “No puedo creer que entraron 765 millones de pesos y no se sabía nada. Creo que ella debería estar al tanto de las obras, lo que entraba y salía” (LN 11/6).

Quedaban así señalados los ejes a través de los cuales girarían los argumentos que la oligarquía y su personal político utilizarían para sumar fuerza a su proyecto. Primero, la corrupción y el uso faccioso de los organismos de control (como la UIF). Segundo, el exceso del gasto público y el reemplazo por este del libre juego creativo de la actividad privada para satisfacer las necesidades de la sociedad. Tercero, la corrupción y el uso faccioso de dichos fondos por parte de los gobiernos kirchneristas. Cuarto, la “partidización” y la “faccionalización” de los organismos de Derechos Humanos, que al ser cooptados por el kirchnerismo han perdido su carácter universal para el que fueron creados y se desviaron de sus más elevados propósitos para abrazar una causa corrupta. Quinto, el salto de dichos organismos a la realización de actividades que no les competen y nada tienen que ver con su naturaleza, como la realización de viviendas sociales. Sexto, el uso faccioso de la Justicia y la consiguiente pérdida de su carácter independiente a causa de la falta de respeto por la división de poderes por parte del gobierno kirchnerista.

De este modo, la batería oligárquica apuraba la pluma e iniciaba su bombardeo ideológico a través de las páginas de su periódico matinal, La Nación. El primer editorial dedicado al tema, que llevaba el título de “Corrupción y derechos humanos”, rezaba: “En el dinero estatal radicaría la clave del escándalo que estalló con el abrupto alejamiento de Sergio Schoklender del cargo de apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que puso al descubierto el escandaloso enriquecimiento de quien en 1981 asesinó, junto con su hermano Pablo, a sus padres. (…)

La UIF nada hizo durante un año, demostrando una vez más el grado de politización y falta de independencia del organismo. Ayer, horas después de que su titular, José Sbattella, afirmara que faltaban ‘indicios’, la UIF no tuvo más remedio que cumplir con su obligación y trasladar la denuncia al fiscal federal Raúl Pleé. (…)

Todo hecho de corrupción es deleznable, pero lo es más cuando se realiza con el dinero destinado a los sectores más carenciados. Y lo es más aún si quienes lo llevan a cabo pertenecen o están relacionados con un organismo de derechos humanos. Por eso es que la seriedad e imparcialidad de la investigación judicial no debe dejar lugar a dudas. (…)

Sergio Schoklender ya envió un pesado mensaje de neto corte político cuando afirmó en una entrevista que la dirección y la presidencia del consejo de administración de la fundación la ejercía Bonafini. Involucrarla a ella equivale a involucrar al Gobierno. No debería extrañar. El kirchnerismo parece corromper todo lo que toca” (LN 2/6).

Días más tarde, la Tribuna de Doctrina volvía a golpear con un segundo editorial titulado “Caso Schoklender: nadie está por encima de la Justicia”: “Resultan inaceptables los diversos intentos por circunscribir el caso Schoklender a la actuación de un supuesto administrador deshonesto, cuando el hecho tiene una proyección mucho más grande y más grave porque atañe al Gobierno, responsable en primera y última instancia de los millonarios fondos malversados, y a uno de los organismos de derechos humanos más conocido dentro y fuera del país.

Es un caso que muestra en toda su crudeza cómo los fondos estatales se emplean sin controles para hacer política y en qué deviene un organismo de derechos humanos cuando, a cambio del manejo de esos millonarios fondos, olvida su razón de ser para convertirse en una suerte de unidad básica del kirchnerismo. (…)

Investigar la operación en toda su magnitud no es atacar a las Madres, como se quiere hacer creer, ni atacar a todos los organismos defensores de derechos humanos. Se trata, solamente, de no colocar a nadie, ya sea persona física o jurídica, por encima de la Justicia. (…)

Se equivoca el Gobierno si, acostumbrado como está a la corrupción, cree que éste es un caso más. No lo es. Al haber permitido la malversación de caudales públicos destinados a los sectores más pobres empleando a un organismo de derechos humanos que simultáneamente se convirtió al oficialismo, han abusado de esas banderas y se han burlado de la pobreza (LN 7/6).

Luego aparecía un tercer Editorial llamado “Descontrol presupuestario y uso faccioso del Estado”: “El reciente escándalo que involucra a la fundación Madres de Plaza de Mayo y al Gobierno en relación con la construcción de viviendas no es casual. Si bien ambos actores han puesto énfasis en la responsabilidad de Sergio Schoklender en la monumental defraudación al fisco y a los contribuyentes, lo ocurrido tiene raíces más profundas en el actual descontrol presupuestario, el uso faccioso de las agencias de control del Estado y la falta total de transparencia en los actos de gobierno que ha caracterizado las gestiones del matrimonio Kirchner. (…)

Enmarcar el caso Schoklender como una acción aislada de una persona o un conjunto de personas de dudosa conducta ética es un enfoque tan incorrecto como tendencioso, que sólo conducirá a más hechos como el recientemente descubierto. No son las personas sino el sistema el que merece una exhaustiva revisión (LN 9/6).

Y finalmente, el columnista del diario de Mitre, Fernando Laborda, le dedicaba unas palabras a este asunto en su artículo “El mal llamado caso Schoklender y el futuro de Cristina”: “El mal llamado caso Schoklender –que no empieza ni termina en la deshonestidad de un ‘sátrapa’, como se intenta hacer creer desde el oficialismo– es apenas un ejemplo de una operatoria por la cual se canalizan recursos fiscales hacia entidades que, al ser de naturaleza no estatal, no están sujetas a los procedimientos de contratación y de control que rigen dentro del Estado. En la misma lógica, se ubican las transferencias del sector público hacia empresas privadas o a sociedades anónimas con participación estatal, como Enarsa o Aerolíneas Argentinas. Cabe preguntarse, entonces, cuántos personajes como Schoklender harán negocios con el Estado sin que lo sepamos” (LN 12/6).

Varias cuestiones se intentan fijar aquí. Primero, el responsable de los hechos de corrupción mencionados no es Sergio Schoklender sino la presidenta de la Asociación, Hebe de Bonafini, y el propio Gobierno que tiene a las Madres como pilar fundamental de su política de Derechos Humanos. Segundo, el causante último de tan grandes males es el hecho de que se trata de fondos de origen estatal, o sea, el gasto público (recordemos las incansables quejas que se vienen realizando al respecto, como las mencionadas en el apartado anterior). Tercero, los organismos “independientes” de control financiero no cumplen con su función al ser controlados por el Gobierno. Cuarto, el oficialismo y las Madres “se han burlado de la pobreza”. La oligarquía se erige como la principal defensora de pobres y ausentes frente a un gobierno corrupto que convierte el combate a la pobreza y la noble causa de los Derechos Humanos en una maquinaria para enriquecerse.

Lo que está en el centro de la discusión, en última instancia, es quién es más eficiente para el manejo de los fondos públicos. Para la Tribuna de Doctrina terrateniente esto es claro. Son las empresas privadas las elegidas para tal fin. No puede ser el Estado el ejecutor de los fondos, y muchísimo menos una organización popular.

El papel de los organismos

Uno de los objetivos de la oligarquía terrateniente con su bombardeo mediático sobre el caso Schoklender, había sido sin dudas abrir grietas entre las diferentes organizaciones de DDHH, en tiempos en que muchas de estas experimentan un creciente proceso de politización, al encolumnarse abiertamente del lado del proyecto nacional y reconociendo cada vez más detrás de la dictadura militar –que acabó con la vida de 30.000 argentinos– no a una violencia perversa y abstracta, sino la violencia que descarga una clase social sobre otra en la defensa de sus intereses.

Abuelas es autónoma, es diferente, nacimos en el mismo momento [que las Madres], pero tenemos objetivos, tácticas, disciplinas y actitudes totalmente distintas”, sostenía la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Y añadía: “Es un momento realmente muy triste, por muchas razones. La más importante quizás es que no nos confundan, a veces dicen abuelas en vez de madres y madres en vez de abuelas”. Y se distanciaba de las actividades sociales realizadas por Madres, que trascienden el reclamo desde el estricto punto de vista de los DDHH: “No voy a hacer cosas que no sé hacer ni debo. Nosotras tenemos la misión de encontrar 400 nietos lo antes posible. El objetivo no es ser empresarios, sino buscadora de dos generaciones”. Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, pedía no confundir el escándalo con la lucha de las Madres. “Pero con el kirchnerismo se metieron en el negocio más corrupto, que es la obra pública”, para subrayar que “el Gobierno buscó esterilizar las organizaciones de derechos humanos para que no denuncien las violaciones del presente” (LN 10/6). Por su parte, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida señalaba: “Atrás de un pañuelo están los 30.000 (desaparecidos)… hay que saber llevar el pañuelo realmente”. Y aclaraba, en la misma línea de Carlotto: “Nosotras nos separamos en 1986 de la señora Hebe de Bonafini y no tenemos idea de qué hace o deja de hacer”. E insitía ante las preguntas periodísticas: “Por algo nos separamos en el ’86, cuando se investigue a la señora de Bonafini la gente sabrá quién es quién”. La frase comenzaba a circular libremente y fuera de contexto por todos los medios concentrados, cuyos titulares se limitaban a decir que Almeida estaba exigiendo una investigación judicial hacia Hebe de Bonafini. Ello generaba una protesta airada por parte de la integrante de Madres Línea Fundadora y una exigencia de rectificación a dichos medios: “Exijo que el canal Todo Noticias (TN) deje de inventar declaraciones que yo no hice, hay algunos multimedios que lo que quieren hacer es desunir a los organismos de derechos humanos y por eso no tolero que me den vuelta las cosas” (LN y P12 11/6). Lo mismo ocurría con Estela de Carlotto, quien aparecía en tapa de diarios acusando a Hebe de estar ligada a los delitos de Schoklender: “Deformaron lo que dije, lo tergiversaron con mala intención”, denunciaba a los medios, para aclarar: “Tratan de dividirnos, de que nos desconfiemos, que nos reprochemos. En una historia de 34 años no tuvimos siempre las mismas opiniones. Hemos discutido, hemos resuelto las cosas y seguimos juntos. De ninguna manera esto va a romper una amistad, ni un afecto de tantísimos años. Lo siniestro es que quieren con esta situación entintar las gestiones tanto de Néstor Kirchner como de Cristina, que fueron las que más hicieron por reconocer nuestra historia, de respetarla y darnos respuestas de manera permanente sobre lo que queremos, como verdad, memoria y justicia” (P12 12/6). Otro que opinaba desde la militancia en DDHH era el titular del Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel: “Creo que hay una gran responsabilidad del Gobierno, que debe determinar controles, auditorías y rendiciones de cuentas, porque no se habla de monedas, sino de millones y millones de pesos. La lucha por los derechos humanos en la Argentina no pertenece sólo a las Madres de Plaza de Mayo, sino a muchísimos organismos y a toda la población”, se desmarcaba. Finalmente, Madres Líneas Fundadora emitía un comunicado en el que explicaban que “somos numerosas Madres, miembros de esta asociación heterogénea en ideas y acciones, pero unidas por el fraterno sentimiento de tener a nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos siempre presentes, y por la incansable búsqueda por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Nuestra asociación tiene personería jurídica y total transparencia en sus actividades y manejo de recursos. Nunca hemos aprobado que nos representara, y menos que asumiera decisiones, ninguna persona que no fuera una compañera en nuestras mismas condiciones. No hemos tenido ni tenemos relación alguna, más allá de nuestro común dolor, con la Asociación Madres de Plaza de Mayo” (P12 7/6). Por su parte, el periodista y poeta Vicente Zito Lema, cofundador y ex rector de la Universidad de las Madres, sostenía que “Bonafini cometió un gigantesco error trágico” al delegar en Schoklender la administración de la Fundación. (LN 11/6). Quien expresaba su solidaridad, conciente de lo que estaba en juego en esta pelea política, era la ex presidenta de Abuelas, Chicha Mariani. A través de una carta, le manifestaba a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo su “respeto y admiración por tu lucha incansable” en “este momento donde cobardes y oportunistas te están lapidando”. Recordó que “no siempre estuvimos juntas por diferencia de criterios”, pero destacó: “Siempre valoré tu honestidad y especialmente tu valentía y solidaridad” (P12 11/6).

Lo cierto es que la alianza social terrateniente profundizaba la construcción del caso Schoklender en la búsqueda de   medir fuerzas con la alianza social encarnada en el gobierno y construir hegemonía, esto es, imponer su punto de vista  en el territorio específico de los DDHH.

De esta forma, salía al cruce en su clásico suplemento dominical Enfoques, cuya edición del día 24 llevaba como título “Derechos Humanos hoy, ¿cuál debe ser su rol en democracia?” y comenzaba con estas palabras: “El caso Schoklender en su versión recargada con corrupción y organismos de derechos humanos (DD.HH.) es mucho más que un escándalo judicial. Es también un antes y después a partir del cual volver a pensar el devenir de las organizaciones de derechos humanos en tiempos de democracia plena, cuando el peligro inminente y el enemigo claro de los gobiernos militares son un fantasma del pasado”. A primera vista, una simple introducción a las voces expertas que vendrían luego. Mirado con lupa, todo un intento de cortar, de marcar la cancha respecto a cuál es la verdadera lucha por los Derechos Humanos. “El enemigo claro”, “el peligro inminente”, ya pasaron. Los DDHH tienen que ver con la lucha contra las dictaduras, de cualquier signo, no con otra cosa. No hay ningún otro peligro ni ningún otro enemigo. No importa qué condiciones y qué conflictos sociales derivaron en la dictadura y sus consecuencias.

Las voces que se hacen presentes en La Nación reafirman esta postura. “La no relación entre gobierno y DD.HH. es la mejor relación”, sintetizaba el filósofo de derechas Tomás Abraham, que agregaba: “El individuo tiene que estar protegido de los poderes del Estado, que es el que viola los derechos”. El Estado es un ente abstracto por fuera de cualquier conflicto de clases, no hay intereses históricos de clase que llevan a violar los DDHH. En la misma dirección enfilaba la ex integrante de la CONADEP Graciela Fernández Meijide: “Cuando en 2006 las Madres dicen que no hacen más las Marchas de la Resistencia porque ya no hay un enemigo en la Casa de Gobierno, en ese momento se perdió el rol de las organizaciones de DD.HH”. “No hay que intentar suplir el papel del Estado”, razona Fernández Meijide. “El rol de las organizaciones es la denuncia con la intención de que el Gobierno corrija las violaciones o los problemas. Esa es la obligación en democracia porque se supone que las instituciones de la democracia tienen que funcionar”. Es decir, las organizaciones deben limitarse a un rol absolutamente pasivo: la denuncia, dejar que otros, la clase dominante, la clase terrateniente, en el caso argentino, lleve la parte activa del país, conduzca desde el control del Gobierno del Estado los destinos de la sociedad. Y si circunstancialmente –por esas imperfecciones del sistema democrático– esa clase no controla dicho gobierno, estos organismos deben enfrentar a este último con todas sus fuerzas. En la misma línea se refería el periodista Ceferino Reato –autor de varios libros que intentan reflotar en el presente la denominada “teoría de los dos demonios”– a las organizaciones: “Me parece que han perdido mucha autonomía y representación y uno podría decir que en parte lo han hecho por las ventajas materiales que ellas y sus familiares han obtenido de este gobierno pero también de otros gobiernos. Lo del dinero de las Madres de Plaza de Mayo no es el primer episodio. Yo recuerdo algún episodio que involucró a Carlotto en la provincia de Buenos Aires durante la gestión del gobernador [Felipe] Solá; también hubo una pelea por plata, aunque no a estos niveles, claro. Además,  sus hijos ocupan cargos políticos importantes”.

Los organismos no deben meterse en política, sentencia La Nación. Caso cerrado. Así es cómo las Madres convirtieron la bandera incólumne, blanca y pura de de los DDHH en “una bandera manchada”, tal como titula La Nación, por esos días, una nota al respecto firmada por Fernando Laborda (LN 9/6).

A través de esta multiplicación de voces que se suceden en las páginas de la Tribuna de Doctrina, se desnuda la política de la propia oligarquía hacia los organismos de Derechos Humanos; política que se extiende desde fines de la dictadura y los albores del alfonsinismo hasta la actualidad, y que tiene como base material la derrota política y militar inflingida a la clase trabajadora. Esta estrategia de intentar mantener el control ideológico en la lucha por los DDHH resulta una pieza esencial, una condición previa para poder armar su relato de los hechos, para poder elaborar una narración de la historia según su propia perspectiva de clase. Es esto, desde qué perspectiva de clase se cuenta la historia, y por lo tanto cómo se actúa en el presente, y no la mera adhesión u oposición a un gobierno, lo que se puso en juego con la construcción del caso Schoklender.

Derechos Humanos y lucha de clases

 “Hace un año empecé a tener discusiones con él porque quería convertir la fundación en una empresa. Y yo no tengo ningún interés en que esto sea una empresa, quiero que siga siendo una fundación, como está”. Así comentaba Hebe de Bonafini el contenido de las disputas al interior de Madres con los hermanos Schoklender. A lo que agregaba: “Hace un año empecé a tener discusiones con Sergio porque quería convertir a la Fundación en una empresa, y yo le decía: ‘Somos soldados del proyecto nacional’” (LN 6/6). Luego, durante una entrevista con el periodista Víctor Hugo Morales, en el programa Bajada de línea, señalaba que en el último tiempo había discutido con Sergio Schoklender, porque “él entendía que teníamos que pasar a ser una empresa” y “yo no quería porque una empresa ya es un negocio. No puedo negar que no hizo nada, creí en ese hombre que salió de la cárcel y estuvo a disposición de las Madres” (P12 6/6).

Y con el correr de los días, la titular de la Asociación iba ampliando el contenido de las contradicciones internas: “Lo que hacía era que cuando iban a algún lado, él no iba a San Clemente a una piecita como voy yo con mi hija, él iba al hotel más caro. Siempre le protestaba por eso, le decía ¿por qué? Nosotros tenemos que ser muy discretos en lo que hacemos, estamos en la cresta de la ola, tenemos que cuidarnos. El decía ‘pero yo trabajo para esto y mi mujer trabaja’”. Y frente a la pregunta acerca de qué enseñanzas le dejaba el presente conflicto, contestaba: “Uy... que uno tiene que ser mucho más desconfiada y un poquito más egoísta a veces. También mirar bien la clase. Cada vez creo más en la lucha de clases. Ellos se criaron en una clase que no tiene nada que ver con la nuestra y a la larga les volvió a agarrar la de ser empresarios. No les importó a costa de qué. Nosotras somos de otra clase social, no pensamos igual. No pensamos en ser una empresa”. No obstante, dejaba en claro la continuidad del proyecto Sueños Compartidos, como parte de la lucha continua de su organización: “Tengo bronca. Pero cuando uno está al frente de una cosa tan importante como ésta, de una organización que creció con el trabajo y el esfuerzo de las Madres eso es lo que tengo que defender a capa y espada, con lo cual los sentimientos no pueden primar sobre este proyecto, de ninguna manera, lo tengo clarísimo. (…) Pienso que tendría que haber puesto más personas al frente. Ahora en lugar de dos va a haber seis personas en las que confío. Tengo que seguir confiando, si no qué hago, cierro. Esto es seguir creyendo en el ser humano, que es lo mejor que nos puede pasar” (P12 7/6). Y días más tarde, volvía a insistir con que, en última instancia, el conflicto con los Schoklender era un problema de clase: “Las Madres siempre hemos seguido el camino de los hijos y nuestros hijos sabían qué significaba la ética, la solidaridad, la igualdad, el amor, la comprensión, el compañerismo. Eran de nuestra clase. Las otras clases sociales hacen esto que hacen: les ponés la mano y te la comen” (P12 17/6).

De esta forma, Hebe dejaba en claro cuál era la cuestión de fondo en el presente conflicto. Tal como analizábamos en el apartado anterior, los DDHH no son una cuestión universal abstracta. Están enraizados en la historia, en la conflictividad de clases inherente a la sociedad capitalista con su carnadura particular en la formación económico-social de un país dependiente como la Argentina. De eso habla la presidenta de Madres a la hora de cuestionar las actitudes de los hermanos Schoklender. No se trata de un problema de “corrupción” a secas, tal como quiso construir la oligarquía terrateniente a lo largo de todo el conflicto. Lo que intenta decir Bonafini aquí es que aquella mentada “corrupción” no proviene de la nada ni de cualquier parte, proviene de una clase social específica que es el empresariado, o la burguesía. Es este, según ella, el origen de la conducta de los Schoklender, el interés de clase que se defiende a la hora de encarar cualquier proyecto social y político.

Es este el mismo sentido de su apelación a la conducta de lucha de sus hijos, algo que estuvo presente en su discurso y en los hechos desde el comienzo de la vida de su organización: la perspectiva de clase como motor de la lucha por la transformación del país.

Sobre este punto insistían los dueños de la tierra a través de una de sus plumas predilectas, Mariano Grondona, en una columna dominical titulada: “De Schoklender a Hebe; ¿de Hebe a Cristina?” “En los años setenta, miles de jóvenes civiles y militares fueron arrastrados por la utopía de la violencia. ¿Quiénes los habían tentado? Aquellos que alegremente incitaron a los militantes de uno y de otro bando a asomarse a las fantasías revolucionarias o contrarrevolucionarias, ¿no guardan en sus almas, todavía, las semillas del arrepentimiento? Cuando un adulto de cualquier signo instala en jóvenes inmaduros una versión maniquea de la realidad, ¿no se da cuenta de que, al hacerlo, si bien él mismo no tomará el fusil esos jóvenes lo harán? La mecha encendida por algún adulto puede convertirse, en manos juveniles, en un arma letal. ¿No es esto lo que pasó, precisamente, entre nosotros? Pero ¿se ha instalado acaso en los que instigaron a los jóvenes a la violencia una seria autocrítica acerca de la masacre que precipitaron? Los padres, los maestros, los formadores de los jóvenes de los años setenta y sus continuadores de hoy, ¿no debieran hacerse esta pregunta, al menos en el silencio de sus conciencias?” (LN 5/6). Una vez más, la negación del conflicto social a la hora de presentar los hechos de la historia reciente. Fueron jóvenes de uno y otro bando que se sintieron tocados por la varita mágica de la “revolución” o de la “contrarrevolución” proveniente de algún lugar misterioso de la historia y la geografía argentinas.

El mismo Grondona profundizaba, un domingo después, su búsqueda de mistificación del problema en otra columna titulada “La rebelión de ‘las Madres’ contra ‘la Madre’”. Así se expresaba: “Para cada uno de nosotros, ‘madre hay una sola’. Pero dentro del poderoso universo afectivo al que alude este refrán, hay una clase especial de madres: aquellas a quienes sus hijos se les fueron primero, contraviniendo la ley natural según la cual son las madres y no los hijos quienes adelantan su partida. La tribulación de las madres que pierden a sus hijos antes de tiempo es tan intensa que el Diccionario de la lengua española, pese a su inmensa riqueza, no ha encontrado una palabra para designarla. A quienes han perdido a sus padres los llamamos huérfanos. ¿Cómo llamaríamos a las madres que han perdido a sus hijos? Esta pregunta no tiene respuesta en nuestro idioma. Que el Diccionario enmudezca en este punto prueba que la condición de una madre privada de su hijo es única y que, por serlo, merece el insondable respeto de todos aquellos que, por no haberla vivido, no podríamos comprenderla. Por eso es válido que a estas madres portadoras de un dolor inalcanzable para el resto de los mortales las llamemos Madres, con mayúsculas, en cuanto víctimas de una tragedia sólo aceptable, en el límite, por la esperanza de que las injusticias de la vida puedan explicarse en un plano superior desde el cual Alguien, como sea que lo llamemos, confiere su sentido a la historia”.

Frases como “sus hijos se le fueron primero”, “hijos quienes adelantan su partida”, “pierden a sus hijos”, “una madre privada de su hijo” hablan de este intento mistificador. Las madres no “perdieron” a sus hijos ni estos “se fueron” a ningún lado. La oligarquía pone en las manos de Dios, de ese “Alguien”, la responsabilidad del terrorismo de Estado, de los crímenes perpetrados por ella en función de la defensa de sus intereses clasistas.

Avanza Mariano: “Algunas veces, las Madres desgarradas se organizan para apoyarse unas a otras. Así ha ocurrido en la Argentina reciente, particularmente fecunda en tragedias familiares, de las cuales surgieron movimientos como las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y, desde el ángulo opuesto, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas en Argentina (Celtyv), además de las Madres del Dolor que procuran agrupar a las numerosas víctimas de la inseguridad. En otras latitudes también actúan formaciones de madres desgarradas, como las Damas de Blanco, que resisten la represión castrista en Cuba”.

La operación discursiva aquí consiste en colocar en el centro de la escena la condición de “madre”, por encima del carácter político de la lucha de todas estas organizaciones. Así, se intenta colocar en un mismo sitio a las Madres de Plaza de Mayo, quienes reivindican la actitud de sus hijos de dar la vida por un proyecto de país diametralmente opuesto al que defiende Grondona, con una organización de derecha como el Celtyv, o aún más las Damas de Blanco, una de las puntas de lanza con las que el imperio yanqui hostiga desde hace cincuenta años a Cuba para acabar con la revolución. Recordemos las palabras de Hebe de Bonafini: “No hacemos lo que hacemos por ser Madres”…

Continúa: “El reclamo de todas aquellas familias heridas por la violencia, de cualquier signo que sea, es universal, como lo es el derecho a la vida, de modo tal que el énfasis sobre los derechos humanos cuya exaltación honra a nuestra época lo ha puesto al tope de la lista de los principios irrenunciables que debieran proteger a todos los hombres y mujeres sin distinción, contra cualquier discriminación étnica, religiosa o ideológica”.

Al ser universales, los derechos humanos y el derecho a la vida están por encima del conflicto social. Esto es, en el mundo hay valores sagrados, abstractos, que trascienden las clases sociales y que por lo tanto todos debemos defender. Por eso es lo mismo la lucha de las Madres que la de las Damas de Blanco.

Sigue más adelante: “Bonafini procuró apropiarse, en este sentido, de una lucha cuyo generoso horizonte la excedía. ¿Cómo fue posible esta apropiación, que ya ha durado más de ocho años? Por la militancia de los esposos Kirchner, que se autoproclamaron de 2003 en adelante sus principales representantes a tal punto que, además de declararse los ‘hijos adoptivos’ de la señora de Bonafini, volcaron en su favor ingentes sumas de dinero no controlado del Estado, de los contribuyentes, cuyo manejo quedó a cargo de otros dos de sus ‘hijos adoptivos’, los hermanos Schoklender, quienes ahora enfrentan penas de cárcel por haber desplegado una serie de acciones corruptas que exceden, incluso, las costumbres transgresoras de nuestro tiempo”.

Las Madres son lo que son por la militancia de los Kirchner, no por la militancia de las propias Madres, que excede al presente gobierno. Esto contradice otro argumento que la propia oligarquía viene esgrimiendo. Aquel que reza que los Kirchner se montaron sobre la lucha de las Madres para direccionar a estas hacia su mezquino proyecto de poder. De un modo o de otro, así es cómo las Madres han perdido su “generosidad”, al abrazar la mezquina causa autoritaria kirchnerista. Las causas de la oligarquía terrateniente son amplias y generosas, tal como lo muestran la última dictadura militar, la Revolución Libertadora y el bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955 o la Guerra contra el Paraguay en el siglo XIX, por citar solo algunos ejemplos “generosos” de nuestra historia.

Para finalizar: “De favorita del Estado y de los militantes afines en la lucha por los derechos humanos, Bonafini ha caído en un aislamiento hasta ayer inimaginable. Sólo falta que la propia Cristina Kirchner se distancie de su antigua ‘madre adoptiva’, en un postrer intento de salvar su propia imagen.

De todos lados resurge además el activismo de una oposición que, habiéndose simplificado en un manojo de sólo cinco opciones para las próximas elecciones presidenciales (Alfonsín-González Fraga; Duhalde-Das Neves; Carrió-Adrián Pérez; Alberto Rodríguez Saá y Hermes Binner) está encontrando nuevos argumentos para desmentir con renovados bríos la hipótesis oficial de que ‘Cristina ya ganó’, sobre la base de una plataforma que empieza a ser común: el impetuoso crescendo de las denuncias por corrupción que rodea al alicaído oficialismo, generando a su vez una hipótesis, aunque improbable, recurrente: que la fórmula presidencial del kirchnerismo podría no girar al fin en torno de Cristina, sino de Daniel Scioli y Alicia Kirchner” (LN 12/6).

Finalmente, Don Mariano se brinda “generosamente” a los candidatos opositores, regalándoles argumentos para que puedan armar sus campañas de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Y volviendo sobre las contradicciones al interior de Madres y del Gobierno, que señalábamos al comienzo de este apartado, se explayaba el diario de los Mitre a través de su periodista Luis Majul, en una nota titulada “Anestesia marca K”: “Solo la buena marcha de la economía y la empatía que sigue generando la condición de viuda de la Presidenta pueden explicar que las irregularidades atribuidas a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Misión Sueños Compartidos no hayan derivado todavía en graves consecuencias para el Gobierno. A veces da la sensación de que una buena parte de la sociedad estuviera anestesiada”.

Una denigración explícita de “buena parte de la sociedad” argentina que no comulga con los postulados ideológicos de la oligarquía. Sólo unos pocos iluminados por la gracia divina –como Majul y otros “periodistas independientes”– logran penetrar en el corazón de las problemáticas sociales. El resto estamos “anestesiados”, somos ciegos ante el dolor profundo que vive el país. Se trata, en realidad, del grueso de la sociedad –clase trabajadora, capas medias, pequeño, mediano y hasta gran capital– a quien el plan sojero exportador dejaría afuera en caso de aplicarse. Es decir, aquellos a quienes el discurso de Majul no logra “anestesiar”.

Más abajo: “El ‘puedo comprarme una Ferrari o un Porsche’ de Sergio Schoklender no parece tan diferente a la alusión del ex presidente Carlos Menem cuando, en diciembre de 1991, exclamó: ‘La Ferrari es sólo mía’. Tampoco se presenta tan distinta a la travesura del ahora senador kirchnerista cuando lo vieron pasar con la misma Ferrari a 200 kilómetros por hora cerca de una cabina de peaje en la zona de Pinamar. La época es diferente, pero el contexto no tanto. En ese tiempo, al riojano se le podía perdonar casi todo, porque el uno a uno gozaba de buena salud. Además, cualquier crítica o denuncia contra su gobierno era presentada como una acción interesada o desestabilizadora de los medios ‘antimenemistas’” (LN 2/6).

Así llegaba Majul al corazón del asunto que mencionábamos arriba, echando vinagre en una herida abierta al inte-rior del kirchnerismo. A través de la figura de Schoklender, el texto desnuda un punto verdaderamente débil del proyecto nacional encabezado por el Gobierno. Y es el nudo de la contradicción existente que dejó al descubierto la explosión del presente caso. Los dichos citados de Schoklender, pero mucho más su actitud empresarial a la hora de llevar adelante el proyecto Sueños Compartidos, chocan con el mismo sentido del proyecto, que no persigue la ganancia como objetivo final sino el mejoramiento del nivel de vida de un sector postergado de la población. Contrasta, en definitiva, con el propio concepto de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la cual desde su comienzo planteó que su pelea no solamente perseguía el castigo a los asesinos de sus hijos y la recuperación de los nietos expropiados por la dictadura. La organización conducida por Hebe de Bonafini concibió (y concibe) la lucha como una continuación de aquella que expresaban sus hijos en los ’70, y por la cual fueron desaparecidos por la dictadura de la oligarquía; la pelea por la liberación nacional y social. Y esto es lo incompatible con los rasgos de comportamiento empresarial de Schoklender. Es en esta contradicción abierta al interior del proyecto nacional en donde golpea el matutino mitrista, conciente de que el “empresariado nacional”, que se reproduce en base al sostén del Estado –subsidios, aranceles a la importación, retenciones a la exportación, obra pública y otras políticas que sostienen lo que se combate bajo el nombre de “capitalismo de amigos”– no puede sobrevivir por mucho tiempo. Esto no es capitalismo en serio, nos dice el órgano que expresa los intereses del capitalismo real, los intereses de los dueños del campo, en la Argentina. Recordemos, a este respecto, los ataques constantes que este mismo sector le propinaba al empresariado industrial nacional, que tratamos en el primer apartado. Es el carácter contradictorio de la alianza, el choque de intereses entre el sector de la clase capitalista y el de la clase trabajadora que componen la misma, lo que comienza a desatarse.

Se pone así de manifiesto un límite preciso del proyecto nacional: el intento de avanzar hacia la justicia social con políticas empresariales que se parecen bastante a aquellas que se dicen combatir. Esto es, pelear contra el enemigo con las mismas armas de aquel. Ante la ausencia de una política de formación de cuadros que de respuesta ante la multiplicación conflictos sociales que provoca la crisis, se pretende desarrollar la batalla contra la oligarquía desde el aparato del Estado y con la “bajada” de fondos públicos. Y esto es lo que la clase terrateniente comprende bien, la imposibilidad objetiva que tiene la alianza social en el Gobierno de triunfar sobre ella en los marcos de las relaciones capitalistas.

Organismos de DDHH y movimiento obrero

Por ejemplo que convoque la CGT a la marcha del jueves pasado, lo agradecí públicamente porque nunca lo hubiera pensado”, decía la presidenta de Madres en relación con la convocatoria que la principal central obrera del país realizaba al acto de apoyo a las Madres, ante las acusaciones que caían sobre ellas (P12 7/6). Dicho acercamiento tiene que ver con un proceso que venimos analizando en las páginas del Análisis… El intento que el movimiento obrero organizado viene realizando de dejar atrás el horizonte meramente reivindicativo, la respuesta puramente gremial ante los diferentes conflictos que aparecen. El acercamiento a la política de DDHH es uno de los puntos por los cuales busca su acercamiento a la política. Así, no podemos dejar de mencionar la convocatoria realizada por la Juventud Sindical los dos últimos 24 de marzo a la movilización que todos los años recuerda el genocidio perpetrado por la dictadura, como manifestación de su reivindicación de la lucha de los compañeros desaparecidos y de su condición de militantes obreros.

Esto llevaba a la oligarquía pampera a identificar a la dirigencia de la CGT, y fundamentalmente a la figura de Hugo Antonio Moyano, y a la dirigencia de Madres como un sinónimo de corrupción, en tanto ambos adscriben al corrupto proyecto kirchnerista. Así, nuevamente en palabras de Majul: “Aunque parezcan cosas distintas, los escándalos que involucran a Sergio Schoklender y Hugo Moyano son hijos naturales de esta política perversa de prebendas y hostigamiento. Los fondos públicos que recibió el apoderado de las Madres de Plaza de Mayo no se controlaban ni auditaban porque eran para gente ‘del palo’. Al contrario. Hasta donde les fue posible, organismos como el Banco Central o la Unidad de Información Financiera (UIF) ocultaron información y demoraron la investigación. Había y hay una justificación ‘política’: la lucha y la honestidad de Hebe de Bonafini hacían las veces de enorme paraguas protector en caso de que a cualquiera se le ocurriera preguntar.

Con la misma lógica, al líder de la CGT y del sindicato de camioneros se le facilitaron decenas de negocios porque era, y sigue siendo, un socio privilegiado del Gobierno. Alguien a quien es mejor tener de aliado, por más dinero del Estado que cueste semejante relación. Enumerarlos aquí sería tedioso. Es suficiente con decir que desde 2004 hasta 2009 el grupo económico Moyano-Liliana Zulet obtuvo ganancias por más de 13 millones de pesos” (LN 9/6).

Y agregaba Fernando Laborda: “El caso en cuestión ha puesto al descubierto la fragilidad y la corrupción de un modelo basado en la entrega de subsidios o de espacios de poder, a cambio de alineamiento político y de retornos, a través de las vías más grotescas o las más sofisticadas.

Este modelo de intercambio de favores es común a las transacciones que el gobierno kirchnerista efectuó tanto con las Madres de Plaza de Mayo como con el grupo sindical encabezado por el titular de la CGT, Hugo Moyano. Ambos sectores pasaron a ser nuevos beneficiarios del capitalismo para los amigos” (LN 12/6).

Aquí, a la identificación de la CGT y Madres como beneficiarios de la corrupción K se suma la identificación de ambas organizaciones como empresarias benefeciadas por el capitalismo de amigos, negando por un lado el carácter político-social, es decir, militante del trabajo de estas organizaciones, pero a su vez machacando sobre las contradicciones que atraviesan a las mismas como componentes del proyecto nacional.

Finalmente, remataba La Nación con una nota editorial: “La sociedad argentina no estaría sometida a la incapacidad de los funcionarios para controlar el destino de los recursos públicos sino a un fenómeno más preocupante: en el seno de esa sociedad habría poderes fácticos, de la naturaleza que fuere, a los que el Gobierno les ha venido concediendo semejante autonomía que han quedado fuera de la ley. Es indudable que el kirchnerismo les ha extendido fueros a Moyano y a Bonafini a cambio de los servicios simbólicos y políticos que ellos han venido prestando al fortalecimiento del Gobierno.

Para la concepción populista de la vida pública que el oficialismo se empeña en imponerle a la Argentina, esta conducta sólo puede parecer aberrante a quienes son presa de los pruritos institucionales propios de una mentalidad burguesa. Es lamentable esa concepción, sobre todo cuando se la defiende, como hace el kirchnerismo, en nombre de la igualdad y de los derechos humanos.

El descontrol del Estado, tal como aparece en los desbarajustes de Bonafini y Moyano, es imperdonable siempre. Pero se vuelve intolerable cuando expresa el cinismo de un grupo que, como el kirchnerismo, oculta su irresponsabilidad detrás de la consigna de la inclusión social (LN 22/6).

Los ataques son transparentes y para nada casuales. En el centro de todas las acusaciones de corrupción que se encargó de armar la alianza social que conducen los propietarios de las grandes extensiones de tierra de nuestro país, se encuentra por un lado el sector del movimiento obrero organizado que ha comenzado a dar los primeros pasos en la dirección de abandonar su rol de subordinado en la alianza social gobernante; por otro, el sector de la militancia por los DDHH que, como analizamos a lo largo del presente artículo, siempre identificó su lucha como una lucha política ligada a los intereses de la clase trabajadora.

Si bien el objetivo de la oligarquía es crear la percepción social de que tanto la CGT como Madres –Hebe de Bonafini y Hugo Moyano- son enfermedades sociales a exterminar, esta operación ideológica de identificación acarrea para la clase dominante el peligro de generar una profundización aún mayor del encuentro y la acción política conjunta entre estas organizaciones desde el punto de vista de la clase trabajadora.

En este sentido, remataba el mes el otorgamiento del premio Rodolfo Walsh por parte de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, otorgado a personajes destacados en el trabajo de la comunicación. Esto generaba un nuevo y violento despacho de la Tribuna de Doctrina a través de una nota editorial, titulado “¿Premio o provocación?”: “En línea con el cuestionado premio que le otorgó en marzo último al presidente de Venezuela, Hugo Chávez , la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata agasajó a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini , con el premio Rodolfo Walsh, en la categoría Comunicación y Derechos Humanos.

Más allá del desafinamiento cronológico, el premio entregado días atrás resulta a todas luces una provocación. Los permanentes agravios verbales perpetrados por Hebe de Bonafini en las orillas de la violencia contra quienes han osado pensar o actuar en forma distinta que ella -desde Juan Pablo II hasta la sociedad norteamericana y la actual Corte Suprema de Justicia argentina- evidencian una debilidad emocional que deriva hacia formas obsesivas de odio y resentimiento. Nada más lejos, pues, de la humildad, la piedad y la consideración que se esperan de quien dice defender los derechos esenciales de las personas. Esa peculiar visión sobre los derechos humanos se ciñe a intereses y sensibilidades personales que comienzan por olvidar que los numerosos crímenes cometidos por el terrorismo de izquierda en los años setenta fueron el disparador del terrorismo de Estado con el que dos partes contrapuestas bañaron en sangre al país. Nada hay para celebrar en todo eso.

No debe llamar la atención que detrás de la controvertida premiación se encuentre el gobierno nacional. Su estrategia de despegar a la titular de la fundación en la que operaba Schoklender de los manejos irregulares con la construcción de viviendas para los más privados de recursos ha encontrado en la Facultad de Periodismo platense a un aliado incondicional.

Premios como el recientemente otorgado por la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, fundamentados en la sintonía ideológica, teñidos de la militancia que se transparentó con un premio anterior otorgado nada menos que a Hugo Chávez, impregnados de política subalterna, y tan reñidos con la defensa de la libertad de prensa, constituyen una ofensa al mundo académico y una provocación a la cada vez más debilitada democracia republicana, que se reconstituyó en 1983.

La ciudadanía debe decidir si es éste el país que quiere para sí y para las nuevas generaciones de argentinos” (30/6).

Preparando la invasión

   Y para completar, se peleaba también en el territorio de la seguridad.

Luego de meses en que estuvo en debate la capacidad de la Argentina para controlar el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –reunido en México– incluía finalmente a la Argentina en la denominada “lista gris”, es decir, entre los países con “deficiencias estratégicas” para combatir el lavado de activos. Países como Grecia, Turquía y Venezuela integran la mencionada lista. El escalón más bajo de la calificación lo constituye la llamada “lista negra”, con países como Irán y Corea del Norte, países que representan un riesgo para el sistema global, según el GAFI. La posición más dura sobre la Argentina la llevó EEUU, que evaluó, junto con otros países, suspender a la Argentina como miembro pleno del GAFI, uno de los tres países latinoamericanos que integra dicho grupo, además de Brasil y México. En su comunicado final, el GAFI emitía un comunicado donde destacaba el avance que constituía la nueva ley antilavado, pero reclamaba que se resolviesen “sin demoras” las deficiencias “estratégicas” para el combate contra el lavado. Quien lideraba la delegación argentina, el ministro de Justicia Julio Alak explicaba que el país quedaba “bajo seguimiento intensivo” (LN 20, 23 y 25/6)

Al respecto, la Tribuna de Doctrina expresaba en su editorial: “La sanción es otra señal, la más grave, de que urge remover a las autoridades de la Unidad de información Financiera (UIF), José Sbatella y Gabriel Cuomo, porque, además de la decisión adoptada por el GAFI, están los acontecimientos de pública trascendencia vinculados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la decisión de dilatar y evitar la investigación de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) elevados por el Banco Supervielle y el Banco de Santiago del Estero, respectivamente, a lo que debe sumarse la denuncia efectuada por las diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin sobre las actividades del apoderado de la mencionada organización de derechos humanos. (…)

Desde esta columna destacamos la importancia de que oficialismo y oposición hubieran logrado mantener un diálogo institucional en materia de lucha contra el lavado que facilitó la reforma del tipo penal evitando que la Argentina fuera calificada de "país no cooperante" en la materia, con las gravosas consecuencias que ello acarrearía.

La decisión política de evitar sanciones permitió la construcción del consenso parlamentario que exigió que el kirchnerismo aceptara la profesionalización de la UIF y resignara la facultad de querellar solicitada para su titular. Este último requerimiento perseguía alejar el uso político de dicha herramienta, la que quedaría reservada para el Ministerio Público. Al promulgar la ley el Poder Ejecutivo vetó el artículo y restableció la facultad demostrando con ello la imposibilidad del gobierno de Cristina Fernández de anudar y sostener mínimos acuerdos políticos sobre cuestiones de Estado.

Lo cierto es que la decisión del GAFI confirma lo que es bien sabido: el Gobierno no tiene voluntad de luchar contra el lavado de dinero” (LN 27/6).

Una clásica estrategia que el Imperio desarrolla en los países dependientes. Crear la sensación de que el país no es capaz de manejar por sí mismo sus asuntos internos, y por eso necesita de la intervención económico-financiera, política y militar por parte de los EEUU. En el presente caso, se trata de mostrar que la Argentina no cuenta con la capacidad de controlar el lavado de dinero. Los intereses imperialistas y su expresión en la Argentina, la oligarquía terrateniente, cantando a coro la misma canción.

En esta línea, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, viajaba a San Pablo para  participar de la cumbre de las 50 megaciudades del mundo, denominada C-40, y reunirse con el ex presidente norteamericano Bill Clinton y el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. En el marco de dicho encuentro, Macri le pedía al Banco Mundial que permitiese la toma de préstamos por parte de las grandes ciudades, sin necesidad de pasar por los gobiernos nacionales: “Si la ciudad no coincide políticamente con el gobierno nacional de turno, en muchos casos es imposible acceder a un crédito y termina generándose una situación extorsiva que les impide a los vecinos de esa ciudad acceder a mejoras” (LN 2/6). En tiempos en que cada vez más países cuentan con gobiernos nacionales que no responde a los dictados de Washington, otra de las estrategias es entrar a través de gobiernos locales más afines.

Por otro lado, se sucedieron en el mes de junio una serie de hechos relacionados con el narcotráfico que llaman la atención. El día 17 un operativo de Prefectura Naval halló un cargamento de 444 Kg de cocaína en un velero de bandera estadounidense. El día 19, dos gendarmes y la hermana de uno de ellos eran detenidos en la localidad salteña de Aguaray, cerca de la frontera con Bolivia, al encontrársele transportando casi 1000 Kg de cocaína, embutida en la carrocería de una camioneta. Ante el hecho, la ministra de Seguridad Nilda Garré afirmaba que los dos jóvenes tenían “muy poca experiencia”, con lo cual detrás de los mismos habría “una organización de mucha envergadura”. La ministra precisaba que si la droga incautada tenía “un valor de 9.800.000 dólares en Argentina, uno supone que no eran éstos dos chicos de 25 años quienes podrían estar en condiciones de financiar” la operación. Y finalmente el día 28, en lo que se dio en llamar Operativo Rejas Blancas II, era detenido el dueño de un laboratorio farmacéutico, acusado de suministrar precursores químicos a una banda internacional de narcotraficantes que se dedicaba a elaborar cocaína líquida en el país para traficarla a Europa (P12 19, 21 y 29/6). La serie resulta coherente con la insistencia que se viene realizando desde diferentes sectores, como la Embajada estadounidense en la Argentina, respecto del papel creciente que viene jugando el país en la ruta del narcotráfico, al igual que el énfasis con que se viene señalando que la Argentina, de ser un país de tránsito, ha pasado a ser un país productor de estupefacientes.

A su vez, asistimos durante la última semana del mes a la disputa por el control de las calles en los barrios del sur de la capital, al lanzarse el Plan Unidad Cinturón Sur. El mismo contemplaba que a partir del 4 de julio las comisarías 24a. (La Boca), 30a. (Barracas), 32a. (Parque Patricios), 34a. (Nueva Pompeya), 36a. (Villa Soldati) y 52a. (Villa Lugano) pasarían a estar bajo el comando de la Gendarmería y la Prefectura, creándose un mando unificado compuesto por estas dos fuerzas más la Policía Federal. El proyecto implicaba colocar 2.500 efectivos, entre gendarmes y prefectos en las zonas bajo la jurisdicción de las comisarías mencionadas, lo que permitiría destinar 1.000 efectivos de la Federal al patrullaje de la General Paz y otras avenidas. En el acto de lanzamiento, la Presidenta declaraba: “La seguridad es una demanda que nunca va a ser satisfecha porque siempre surgen nuevos problemas; el que lo prometa está mintiendo”. A su vez, un grupo de 15 oficiales superiores se retiraban antes de que comenzase el acto. (LN y P12 22, 23 y 29/6).

Y comenzaba la batalla retórica. El jefe de gobierno de la Ciudad consideraba que “sería bueno que nos llamen a una reunión de trabajo y que nos consulten para que podamos trabajar tal como lo estamos haciendo en las comunas 12 y 15, donde está la Policía Metropolitana y trabajar coordinadamente con la Policía Federal. (...) La Policía Metropolitana ya existe y lo que nos traspasen ingresaría a la Metropolitana. Sería lo más sano para todos. Ojalá se pueda lograr a partir del próximo gobierno”. Por su parte, el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señalaba: “Esto suena muy improvisado, requiere un trabajo coordinado. Lo que la ciudad necesita es el traspaso de la Policía Federal y punto. Es una locura que nos hayamos enterado de esto por los medios” (LN 24/6). También intervenía el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien consideraba que se trató de “un anuncio de campaña, y de mal gusto”, agregando que “llamarle a eso un plan de seguridad es casi una falta de respeto a un plan”; y finalizaba augurando el casi seguro fracaso del proyecto: “No entiendo quién les va a dar la orden a los gendarmes y prefectos cuando el 911 lo atienda la Policía Federal” (LN 30/6).

Enseguida agitaba su pluma la Tribuna de Doctrina, quien salía al cruce con su editorial “Seguridad: sigue la improvisación”, donde se consigna: “A medida que pasan los años y aumentan tanto la ola delictiva como la cada vez más estrecha relación entre algunas fuerzas policiales y el delito, la Argentina sigue careciendo de una política de Estado sobre seguridad. En realidad, esta carencia es la causa de aquellos males. (...)

Aun existiendo una verdadera voluntad de apoyo político, habrá que ver cómo lograrán oficiales de la Gendarmería y la Prefectura ejercer un control efectivo de las comisarías.

Si, indudablemente, ha sido la desesperación la que ha llevado a la ministra a estos extremos, cabe preguntarse cómo se ha llegado al actual estado de cosas.

Aquí es donde se advierte como inapelable la responsabilidad que le cabe al kirchnerismo, que ya lleva ocho años en el poder, buena parte de los cuales coincidieron con la larga y nefasta jefatura del comisario Néstor Vallecca al frente de la Policía Federal, cargo para el que fue designado en julio de 2004 por Néstor Kirchner.

Es sabido que el kirchnerismo, como antes el menemismo, ha manejado a la Policía Federal en función de sus necesidades políticas y no de una auténtica política de Estado en materia de seguridad. Recordemos que jamás se quiso cumplir con el traspaso de la Policía Federal al gobierno de la ciudad, de forma tal de complicar la gestión de Mauricio Macri.

Al carecer de una política de seguridad, las autoridades nacionales degradaron el combate de la delincuencia hasta llevarlo al plano de la improvisación y la acción por reacción, mientras permitían el trágico entrelazamiento entre la policía y el delito. Y ahora sólo pueden dar manotazos de ahogado” (LN 24/6).

Para cualquier argentino que ha vivido un poco más allá de 2003, resulta casi cómico leer que el entrelazamiento de la policía con el delito y la corrupción comenzó con el kirchnerismo...

Pero la guerra no era sólo retórica. El día 29 el gobierno de Macri enviaba 300 efectivos de la Policía Metropolitana a la zona de la comuna 4, que integran cuatro de los barrios afectados por el desembarco de gendarmes y prefectos (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya), quedando planificado llegar a los 600, así como el desembarco en la comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo).

Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad anunciaba la preparación de un cuerpo especial de “pacificadores” para actuar en las villas, tomando como modelo al grupo especial de policías que actuó durante años en las favelas de Río de Janeiro, preparando el terreno para recuperar el control estatal de las mismas. “Tenemos que tener policías preparados para desactivar conflictos en lugares que tienen particulares reglas de convivencia. Hay que lograr que los policías sean aceptados allí para dar un marco de seguridad a las otras áreas del Estado que deben trabajar en esas zonas, como los trabajadores sociales, los maestros y los médicos”, explicaba la ministra Garré. El plan tiene como uno de sus objetivos que los patrullajes en las villas no se limiten a un “cordón de seguridad” para separar a unos habitantes de otros, sino que los policías puedan ingresar a la villa y caminar sus calles, con una presencia visible y permanente. Del mismo modo, se contempla que los referentes barriales jueguen un papel acercando a la policía a la población (LN 23/6).

Finalmente, se ponían en funcionamiento las mesas barriales de participación ciudadana en seguridad en los barrios porteños de Saavedra, Palermo, Liniers, Villa Urquiza, Villa Soldati y La Boca, con la participación de funcionarios del Ministerio y vecinos de los barrios, en su mayoría integrantes de organizaciones sociales. El plan se encuentra coordinado por la funcionaria Marta Arriola, quien había trabajado en el diseño de los foros vecinales bonaerenses durante la gestión de León Arslanian como ministro de Seguridad de ese distrito. “Hay un fuerte interés y compromiso por participar en una política de seguridad que sea entendida como un proyecto colectivo”, comentaba Garré (LN 23/6).

Hasta aquí, los hechos.

Como podemos observar, en el terreno de la seguridad, la alianza gobernante se encuentra atravesada por las mismas contradicciones que analizábamos en relación al caso Schoklender. Frente a una política ofensiva clara del lado del Imperio, que busca intervenir en el país a través de gobernantes distritales “adictos” y con políticas de seguridad represivas –como la creación misma y las actuaciones de la Metropolitana–, se pretende dar pelea colocando en territorio porteño fuerzas de seguridad controladas por el gobierno nacional, como la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. Es decir, nuevamente, se juega en terreno enemigo y con las reglas del enemigo, buscando resolver el intrincado problema de la seguridad desde las oficinas del Estado, enviando más efectivos “propios” a cubrir las calles. Y esto, nuevamente, desnuda la escasez de cuadros políticos que jueguen contribuyendo a organizar a los barrios para darle salida política al problema de la seguridad. Del otro lado de la contradicción, se intenta abrir el juego a los habitantes de los barrios para que debatan en reuniones abiertas y se organicen en torno a los problemas de seguridad. Entre estos dos movimientos contradictorios, se halla la alianza social que conduce Cristina Fernández en el plano de la seguridad, un buen espejo para seguir el estado de la alianza en todos los demás terrenos de la vida argentina.



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