Revista Mensual | Número: Mayo de 2006
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Fuentes consultadas:
EE.UU.-Gran Bretaña: The Economist (TE). Alemania: Deutsche Welle (DW).
China: Xinhua (XH). Rusia: Russia Today (RT). Irán: HispanTV (HTV). Líbano: Al Manar (AM).
Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Brasil: Folha de São Paulo (FSP). Colombia: El Tiempo (ET).
Argentina: Clarín (CL); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Página/12 (P12).
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El problema de la inmigración ilegal en EE.UU.

Apertura: defenderse atacando (a los peones primero)

Medio juego: buscar la ventaja

Final: cuando hay menos piezas se ve más claro.


El surgimiento de EE.UU. como nación, y su posterior crecimiento, estuvo sustentado en oleadas inmigratorias que poblaron su vasto territorio. Sea por la inmigración “voluntaria” desde Europa –y luego Asia y América Latina– como por la forzada desde África, destinada a proveer mano de obra esclava a las haciendas del sur del país, la sociedad se enfrentó desde sus albores con la problemática de la integración de los nuevos contingentes de población. Esto hizo de la inmigración una cuestión permanente en la agenda política, generando en los principales partidos políticos, y en sus líneas internas, arraigadas concepciones sobre el tema. Con frecuencia, los demócratas aparecen con una política más permisiva que los republicanos. Sin embargo, una distinción como ésta es insuficiente para entender la dinámica política. Para ello, intentaremos realizar una descripción de la coyuntura actual, teniendo en cuenta que desde fines del año pasado el tema ocupa el centro de la opinión pública.

Apertura: defenderse atacando (a los peones primero)

La última modificación a la política inmigratoria, allá por 1986, y las discusiones parlamentarias actuales para volver a hacerlo, coinciden en que ambas acontecen en gobiernos republicanos. Entre ambos momentos se desarrollaron transformaciones de tal magnitud, que dicha coincidencia sólo indica la importancia que tiene el tema en la ideología conservadora, fundamentalmente en la línea interna representada por Reagan y Bush. A su vez, la distancia entre la calidad de los cambios –tanto por su velocidad como por su extensión– y la relativa ausencia de políticas integrales hacia la inmigración –desde la ley de Control y Reforma de la Inmigración (Immigration Reform and Control Act) de 1986 hasta la actualidad– son indicativos de una postura demócrata de laissez faire alrededor del tema. Durante el gobierno de Clinton, el disfrute de una fase ascendente del ciclo económico permitió utilizar una perspectiva basada en medidas prácticas coyunturales, evitando el proceso de discusión y elaboración de un plan integral, que por el momento aparecía como innecesario.

La vocación republicana de tratar el problema de la inmigración y de buscar una solución integral no se hizo presente durante el primer mandato de George W. Bush. Recién en el tradicional discurso de asunción del segundo mandato, en febrero de 2005, el asunto saltó al rango de prioridad. Hubo que esperar hasta fin de año para que el Congreso pudiese materializar dicha preocupación, una vez que pudo resolver espinosas cuestiones presupuestarias y tributarias. Fue en la cámara baja (Representantes) donde comenzó a gestarse el convulsionado escenario actual. Allí, se aprobó por 239 votos a favor (203 republicanos y 36 demócratas) y 182 en contra (164 demócratas, 17 republicanos y 1 independiente) el proyecto del representante republicano por Winsconsin F. James Sensenbrenner Jr., a su vez presidente del Comité Judicial de la cámara (WP 17/12/05). En resumidas cuentas, el proyecto de ley constituía una política integral hacia la inmigración centrada en consideraciones de seguridad. El mismo supone la construcción de una muralla en el límite con México, el incremento de los efectivos destinados al control fronterizo y su actualización tecnológica. Del mismo modo, en el aspecto judicial, se enfatiza en los aspectos represivos: la deportación será inmediata y sin necesidad de intervención judicial. Inclusive, aquellos familiares o personas que ayuden a inmigrantes ilegales serán pasibles de una condena de cinco años de prisión. Por su parte, los empleadores deberán verificar las identidades de los trabajadores que contratan, so pena de sufrir fuertes multas.

Como era de esperarse, este proyecto inmediatamente levantó una airada oposición entre las minorías (latina, asiática, negra, etc.). Pero también, importantes organizaciones de la burguesía se mostraron en oposición. R. Bruce Josten, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, “expresó su desilusión porque no contempla ningún programa para trabajadores temporarios y agregó que la provisión que obliga a los empleadores a realizar la verificación de la identidad de los trabajadores es poco realista” (WP 11/12/05). Claramente, la ausencia de propuestas positivas para responder a las necesidades de numerosas ramas y fracciones de la burguesía restó apoyo a la medida. Este aspecto quedó muy claro para los senadores, que debían elaborar un proyecto propio. Una vez aprobado éste, el paso siguiente supone elaborar la síntesis de los dos proyectos en las comisiones pertinentes, para que luego ese proyecto unificado sea aprobado nuevamente por ambas cámaras.

En el Senado, las complicaciones para llegar a un acuerdo se incrementaron simultáneamente con la agitación de la opinión pública. El primer proyecto presentado fue el demócrata, impulsado por el senador de Massachussets Edward M. Kennedy, que fue rechazado en una votación predecible, más aún cuando le retiró su apoyo el sector republicano encabezado por el senador de Arizona John McCain. Se trataba prácticamente de una amnistía para los inmigrantes –idéntica, en este punto, a la ley sancionada durante la presidencia de Reagan en 1986– y una simplificación de los trámites para su legalización. Su fracaso dejó el camino allanado para el proyecto consensuado al interior del bloque de senadores republicanos.

La iniciativa impulsada por los senadores republicanos Mel Martinez por Florida y Chuck Hagel por Nebraska coincidía con el demócrata en algunos puntos muy importantes, en cuanto a la instrumentación del proceso de legalización, pero sepultaba cualquier forma de amnistía irrestricta. El eje central de la iniciativa es la fragmentación de los inmigrantes en tres: el primer grupo, integrado por aquellos con más de cinco años en el país, el segundo con inmigrantes ingresados al país entre 2000 y 2004, y por último los que residen desde hace dos años o menos. Para cada uno de ellos, proponen diferentes medidas. El primer grupo dispone de la posibilidad de legalizar su situación sin irse del país. Para el segundo, se prevé un traslado a cualquiera de los 16 puertos de entrada, donde podrán solicitar visas temporales para empleos de baja cualificación. Los que integran el tercero serán deportados a sus países de origen, donde también podrán solicitar visas temporales. Obviamente, el otorgamiento de los nuevos permisos quedará sometido a la voluntad –como expresión de las necesidades de las distintas ramas productivas– del gobierno, que a partir de ello actuará como mecanismo regulador –hasta el momento en manos exclusivas del mercado de trabajo, muy desatomizado regionalmente debido a la diversidad de necesidades de las distintas ramas productivas que se asientan en cada una de ellas. Las coincidencias sobre la instrumentación son prácticamente unánimes: verificación de antecedentes penales, pago de impuestos, registrarse para el servicio militar selectivo, demostrar conocimiento de inglés y de la historia del país, abonar una multa de 2.000 dólares adicionales a los gastos del trámite y trabajar con visado temporal por un período determinado de tiempo (las propuestas van de los 6 a los 11 años).

El Senado parecía encaminarse hacia una solución negociada, cuando el movimiento irrumpió en la escena con un vigor y una energía sorprendentes, hasta para sus fracciones más organizadas y conscientes. Al compás de lo que acaecía en el Senado, las minorías, principalmente la latina –tanto por su número como por su disposición–, comenzaban a organizarse.

Las marchas y manifestaciones comenzaron a extenderse a partir de mediados de marzo. Con el correr de los días, crecieron en número, alcanzando su punto máximo el 10/4, que se transformó en el Día Nacional de Acción por la Justicia Inmigratoria. Las manifestaciones alcanzaron las 500.000 personas en Los Ángeles y Dallas, 300.000 en Chicago y entre 100.000 y 300.000 en Washington. Se estima que en 90 ciudades se registraron acciones. Entre la población “blanca” (nativa o de inmigración europea) se verifica un alto grado de apoyo en general: “Según una encuesta de Washington Post y ABC News, un 63% de la población apoya que se permita a los inmigrantes, que vivieron cierta cantidad de años en el país, transformarse en ciudadanos. Se rebate el argumento de que los inmigrantes quitan el trabajo a los nativos: un 68% manifiesta que trabajan en empleos que los propios americanos rechazan” (WP 11/04). Esto permitió que el movimiento se desarrollase sin las trabas que supondría un rechazo de la opinión pública –principalmente el grueso de aquella que participa en elecciones.

No obstante ello, el movimiento comenzaría a perder su unidad, reafirmando al gobierno en el camino elegido al abordar la cuestión. Dicha fragmentación se originó en relación con las medidas que debía seguir el movimiento a partir de ese momento: una parte llamó a un boicot nacional –huelga y desobediencia civil, esto es, no mandar a los hijos al colegio, abstención de consumo, etc.– y la otra rechazó la medida, aduciendo la necesidad de esperar que las acciones rindan sus frutos, esto es, que el Congreso contemple sus reclamos en la reforma.

Medio juego: buscar la ventaja

Luego de hacerse patente la imposibilidad de una solución negociada, el Senado entró en el receso de primavera tradicional del Memorial Day. El presidente Bush –que permanentemente se mostró inclinado a mantener a toda costa su prescindencia del tema– no tuvo más remedio que realizar una reunión con los senadores más proclives a una solución negociada: los republicanos Frist, Specter, McCain, Martínez, Graham y McConnell (el único no involucrado en el acuerdo tentativo) y los demócratas Reid, Kennedy, Menéndez y Lieberman (WP 25/04). Todo un símbolo de la firmeza con que las distintas fracciones defienden sus intereses, al punto de desbordar los marcos federales en que el tema debe tratarse: “La Conferencia Nacional de Legislaturas Estaduales registró 463 leyes sobre inmigración introducidas en 43 estados este año, de lejos la mayor cantidad de propuestas en un año realizadas en la historia sobre el tema. Arizona promueve penalidades para los empleadores, la construcción de un muro en el límite con México y la compra de un radar de última generación para reducir el paso nocturno de mexicanos. Georgia, Ohio y South Dakota tienen proyectos similares pendientes. Pero por otro lado, algunos estados se mueven en otra dirección. En abril, la legislatura de Nebraska hizo caso omiso del veto del gobernador a una medida que ofrece becas para colegios estatales para hijos de inmigrantes ilegales. Otros nueve estados autorizaron medidas similares y muchas universidades públicas estaduales emplean la política ‘no preguntar, no decir’” (WP 3/05). Dicha diversidad también se manifestó con claridad en las acciones políticas directas de las autoridades: el ejemplo más contundente fue el estado de Florida, gobernada por el hermano menor del presidente, Jeb Bush, que inició un proceso de detenciones y redadas. Al parecer, esta fue la expresión más decidida de una táctica originada en la misma Casa Blanca: tensar la cuerda hasta el límite, pero sin romperla. La intención es incrementar las posibilidades de éxito de la estrategia general, que introduciremos más adelante.

Ciertamente, esta actitud no es nueva. De hecho, “el gobierno pudo mostrar el año pasado como un golpe a la inmigración ilegal. Mediante un gasto billonario en captura, detención y procesamiento, destinando millones de horas de trabajo e impulsando un cambio de política, los agentes federales deportaron un récord de 200.000 ilegales. Aún así, con 28.000 camas disponibles, el Departamento de Seguridad Interna no puede contener a los detenidos. Por ello, es rutina que los liberen. Pero como México acepta sólo a los suyos, la mayoría permanence en el país. China, por ejemplo, se niega a recibirlos de vuelta. Por ello, cerca de 39.000 inmigrantes ilegales chinos viven en EE.UU. pese a que tienen órdenes de ser deportados” (GE 17/04).

Este divorcio entre la capacidad y los deseos llevó a una extensión de las medidas, muchas de ellas aplicadas sin discreción. Un foco de ataque lo constituyó la salud. Constituyendo el ítem de mayor crecimiento porcentual dentro del presupuesto, resultó un objetivo previsible. Quizás lo que no fue contemplado fueron los efectos de las medidas. “Más de 50 millones de beneficiarios del programa Medicaid tendrán que disponer de certificados de nacimiento, pasaportes u otros documentos que prueben que son ciudadanos norteamericanos, y todos los que busquen recibir el beneficio tendrán que hacerlo después del 30 de junio. Se busca detener ‘el robo de los beneficios de Medicaid por parte de los extranjeros ilegales’, de acuerdo a las palabras del representante republicano por Georgia, Charlie Norwood, el impulsor de la medida promulgada por Bush el 8 de febrero de este año. El representante demócrata por ese estado, John Lewis manifestó que ‘muchos ancianos americanos no tienen certificados porque sus padres no tuvieron acceso a hospitales y fueron paridos en sus casas. En el último siglo, por todo el sur del país, muchos hospitales no aceptaban a las minorías por la segregación y discriminación racial’. Mientras que la directora de Medicaid agregó que ‘hay muchas razones por las cuales la gente no tiene copias de sus partidas de nacimiento. Mucha gente de 80 y 90 años tampoco tienen licencia de conducir ni pasaporte” (NYT 16/04). La ausencia de un documento de identidad a nivel nacional en EE.UU. podría ser subsanado con otros que acrediten identidad, pero aquí también el gobierno incrementó la presión, tal como confesó un argentino sin papeles de Miami: “El único problema es que cada vez es más difícil renovar el permiso de conducir. Cuando yo llegué uno podía obtener un permiso por siete años diciendo que los demás documentos estaban siendo tramitados. Pero ahora sólo lo dan por un año y cada vez es más engorroso renovarlo. Sin permiso de conducir, uno aquí no es nadie” (C 7/04).

De ser insuficiente con estas medidas, el gobierno federal ya lanzó otra iniciativa que se encuentra pendiente de aprobación. El proyecto de ley denominado Real ID Act, tiene menores chances de ser promulgado pues “New Hampshire lanzó una iniciativa en contra, que lo transforma en el primer estado en rechazar el proyecto, aduciendo cuestiones financieras y constitucionales acerca de su implementación” (GE 17/04). Se topa con la habitual y permanente oposición de la sociedad norteamericana a la existencia de un documento de identidad. No obstante ello, es indicativo de la tendencia general hacia un incremento del control social.

La decisión del gobierno de enviar una señal clara y contundente a la opinión pública lo obligó a realizar acciones contra los empleadores. En el operativo más resonante, “en IFCO Systems North America, la empresa holandesa, que es la mayor compañía de logística de EE.UU., fueron arrestados 7 directivos (actuales y retirados) bajo los cargos de conspiración para transportar, albergar y promover la inmigración ilegal. El Departamento de Seguridad Interna capturó 1.200 inmigrantes ilegales en la operación” (GE 20/04). El tufillo que emana de esta operación, teniendo además en cuenta que se trata de una empresa extranjera, lo denunció “Don Sherman, director de Cincinnati Interfaith Committee for Worker Justice, una ONG que defiende a los inmigrantes, quien expresó con escepticismo que ‘la oportunidad es muy sospechosa, porque justo fue realizado en un momento en que existen masivas manifestaciones en favor de la reforma inmigratoria’” (WP 21/04/06). En un intento por desprender el hecho de toda intencionalidad política, el titular del Departamento de Seguridad Interna Michael Chertoff, no hizo más que confirmarla afirmando que las investigaciones “llevan más de un año” (WP 21/04). De hecho, es vox populi la connivencia entre los empleadores y el gobierno. “En un documento estratégico de 1999, el Servicio de Naturalización e Inmigración (INS, por sus siglas en inglés) colocó al control en el lugar de trabajo en el último lugar de sus prioridades. Hoy, el Buró de Control de Inmigración y Aduanas, que reemplazó al INS y es una sección del Departamento de Seguridad Interna, creado en 2003, destina un 4% de su personal para dicha tarea, comparado con un 9% en 1999. Desde 1997, las autoridades inmigratorias y de seguridad social lanzaron un programa piloto voluntario para chequear la documentación de los postulantes a empleo: sólo 2.300 entre los más de 6 millones de empleadores lo implementaron” (NYT 5/03).

Todas estas medidas tuvieron su efecto sobre el movimiento. Si bien no se puede hablar de fractura, porque el nivel de organización del conjunto es muy heterogéneo, principalmente por su carácter regional, su corolario es la fragmentación. “Algunos grupos expresaron entusiasmo por las acciones programadas para el 1º de mayo que paralizarán restaurantes, hoteles, plantas de empaque y obras en construcción. Pero otros cuestionaron el valor estratégico de hacerlo” (WP 14/04). No obstante ello, el éxito de la jornada de boicot y huelga del 1º de mayo demostró que una parte numéricamente importante, y con mayor grado de decisión, no da tregua al gobierno.

La fecha escogida es significativa, pues en EE.UU. el día del trabajo (Labor Day), además de no ser del Trabajador, se festeja el primer lunes de septiembre de cada año. Las manifestaciones lograron, especialmente en Los Ángeles, Chicago y New York, similar o inclusive mayor masividad que las anteriores. Pese a que en las últimas no se contó con la capacidad movilizadora de una organización siempre “cerca de los pobres”: “Una de las instituciones más poderosas detrás de las manifestaciones fue la Iglesia Católica. 70 de las 197 diócesis se comprometieron formalmente a la campaña por la inmigración desde que la Conferencia de Obispos Norteamericanos comenzó con sus esfuerzos el año pasado” (NYT 27/03). Escogiendo cuidadosamente sus palabras, fue el mismísimo “Cardenal Roger Mahony de Los Angeles quien se pronunció en contra del boicot, afirmando que ‘personalmente, creo que podemos hacer del 1º de mayo un día en que todos ganemos aquí en el Sur de California: ir a trabajar, ir al colegio y después sumarse a los miles que seremos en las manifestaciones” (NYT 20/04).

En rigor, más que la fragmentación, lo que este segundo momento de la lucha evidenció son las dificultades que enfrenta el movimiento para enfrentarse unido al problema. De hecho, el movimiento se organiza para dar la pelea sobre una base muy disímil: la profunda segmentación del mercado de trabajo norteamericano es el punto clave en que opera la burguesía a través de los funcionarios del gobierno y el estado. Inclusive, importantes fracciones imitan sus métodos para alcanzar sus intereses particulares: “En cuatro meses, la organización Immigration Voice, que agrupa extranjeros de alta calificación que esperan su tarjeta verde (permiso de trabajo permanente), llegó a 3.000 miembros, recaudó 200.000 dólares y contrató a una poderosa firma de lobby, Quinn Gillespie & Associates LLC. La mayor parte llegó de India, y de manera creciente de China, con una visa de estudiante o una temporaria H-1B, reservada para trabajadores altamente calificados y con la cuál pueden residir por seis años en el país” (WP 26/04).

Final: cuando hay menos piezas se ve más claro.

“Estamos aquí para defender los valores americanos. América se construyó por inmigrantes” (NYT 10/04), repetía hasta las lágrimas, en un fluido castellano, un manifestante. Frases distintas pero con el mismo contenido inundaban cada una de las manifestaciones. Es indudable que el destinatario del reclamo es el Congreso y su contenido la regularización de la situación de los inmigrantes. Ni más ni menos que su incorporación plena para poder disfrutar del “sueño americano”.

Es ostensible considerar que el gobierno republicano responderá a esa demanda, lo que resta conocer son los términos de la solución. Esto mostrará el equilibrio alcanzado en las negociaciones entre las diferentes fracciones de la burguesía, tanto en su recorte regional como por rama o sector. La paciencia con que el gobierno parece desenvolverse en el tema es quizás una forma de incrementar la tensión para luego cosechar el mayor rédito político posible. Más aún teniendo en cuenta que los índices de aprobación de la gestión de Bush alcanzan su mínimo histórico –38% a menos de 7 meses de las elecciones legislativas– mientras que un 60% desaprueba su trabajo (WP 10/04). De hecho, el peso político de las minorías –por el crecimiento de su proporción sobre el total– las convierte en un sector decisivo para el disfrute del dominio de los resortes del gobierno, para cualquiera de las facciones. Ambos partidos tomaron nota hace ya tiempo de esta circunstancia, como también lo hicieron los propios manifestantes, que el día del boicot realizaron un registro masivo de electores (NYT 20/04/06). Partiendo de la base de que es obligatorio registrarse para votar en EE.UU. y que en la elección del 2004 los latinos constituían sólo el 6% del electorado (NYT 10/04/06), la perspectiva de perder terreno ante la facción rival en dicha franja incrementa el ansia de dar respuesta a este sector.

Esta mutua necesidad brinda un marco que hace posible una “solución”. Pero el agregado de que una de las partes de ese vínculo, los inmigrantes, se encuentra en una situación desesperada; permite que la iniciativa de esta partida continúe en manos del conjunto de la burguesía que, con sus diferencias internas, posee una estrategia para enfrentar el problema. Curiosamente, en consideraciones tácticas podemos observarla, circunstancia que podría parecer poco habitual. Observemos para ello los acuerdos generales sobre los requisitos de la reforma:

Servicio militar obligatorio selectivo: la incorporación de efectivos para las fuerzas armadas continúa debajo de las expectativas y de las necesidades. En el último año fiscal, finalizado el 30 de septiembre de 2005, se consiguieron reclutar 73.300 nuevos efectivos, 1.000 menos que el promedio de los últimos 10 años y muy por debajo de los 80.000 necesarios para cumplir con los objetivos de expansión: llevar a las tropas de 315.000 actuales a 355.000. Estos resultados demuestran el escaso éxito de la parafernalia de medidas implementadas para cubrir la brecha: la retención de efectivos (reenlistamiento), el aumento de la cantidad de reclutadores de 9.000 a 12.000 y el incremento de la publicidad en 130 millones de dólares. La guerra de Irak, la resistencia de los padres y el bajo nivel de desempleo actual son las causas de esta merma en los potenciales candidatos. Por ello, el Pentágono redobla sus esfuerzos y presiona al Congreso para que, entre otras medidas, se duplique el bono por enlistarse (de 20.000 a 40.000 dólares) y, lo más notable, se disminuyan los estándares mínimos para calificar como soldado (WP 4/10/2005). Estos datos fueron confirmados por un reporte del órgano de auditoria del Congreso, la General Accountability Office, en el cuál se verifica que 5 de los 10 componentes de las fuerzas armadas (Ejército, Reserva del Ejército, Guardia Nacional Terrestre, Guardia Nacional Aérea y Reserva de la Marina) fallaron en sus objetivos de reclutamiento entre un 8% y un 20% (GAO-06-134 Report 17/11/2005). Esta masa de nuevos ciudadanos engrosaría los potenciales candidatos para, en caso necesario, entrar a sangre y fuego en Irán.

Déficit fiscal: si los inmigrantes que se legalizan alcanzan los 4.000.000, multiplicando esa cifra solamente por la multa que se planea cobrar (2.000 dólares), da un monto de 8.000 millones de dólares, una importante contribución para las maltrechas arcas del gobierno. Considerando que además existirán otros gastos y seguramente pesados impuestos, es razonable pensar que financiarán los próximos y habituales recortes impositivos para la franja más pudiente de la sociedad.

Productividad: por primera vez desde que se llevan las estadísticas en 1996, el desempleo entre inmigrantes en 2005 es menor que entre nativos: 4,6% contra 5,2%. Si bien es cierto que podemos observar cierto oportunismo en las cifras, ello no quita que para ciertas tareas la fuerza de trabajo precarizada que conforman los inmigrantes es esencial. Como también lo es por su efecto sobre el conjunto de los salarios: “Según George J. Borjas, de la Universidad de Harvard, desde 1980 a 2000, la inmigración redujo el promedio de los salarios en un 7,4%” (WP 15/04).

Pareciera que, sea como mano de obra barata (y abaratadora), como contribuyentes al alicaído fisco, o como infantes del ejército, la burguesía estadounidense calcula cómo los inmigrantes hoy ilegales podrían aportarle algo más que el trabajo que aportan actualmente.



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