Revista Mensual | Número: Octubre de 2009
Equipo de trabajo: Claudio Adrianzén Bei, José María Dunn, Sebastián Ortiz,
Diego Tavormina, Martín Yuchak.
Director: Sebastián Ortiz.
Fuentes consultadas: China: Xinhua (XH); Rusia: Russia Today (RT); Irán: HispanTV (HTV) Venezuela: Telesur (TS). Cuba: Cubadebate (CD). Argentina: Clarín (CL); Crónica (CA); Cronista Comercial (CR); La Nación (LN); Miradas al Sur (MS); Página 12 (P12); Perfil; Tiempo Argentino (TA).
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Piquetes y golosinas: la disputa por la estrategia

Un sistema, una empresa, un conflicto
Canciones de protesta a dúo
Represión y repercusión
“Estado cómplice”
Canciones de protesta en el Capitalfest
Reclamos, desplantes y respuestas…
El cuerpo y el espíritu del conflicto
Radicalización y conciencia de clase


Movimiento obrero

Piquetes y golosinas: la disputa por la estrategia

Piquetero piquetero / A mí me dicen yo soy

Sino hay pan y no hay trabajo / De la ruta no me voy

Santa Revuelta, 2001

 

Todo lo que sea prosternarse ante la espontaneidad del movimiento obrero,
todo lo que sea rebajar el papel del ‘elemento conciente’
(…) equivale
–en absoluto independientemente de la voluntad de quien lo hace–
a fortalecer la influencia de la ideología burguesa sobre los obreros
”.

V.I Lenin, 1902

Por Martín Yuchak

Un sistema, una empresa, un conflicto

Uno de los principios básicos del modo de producción capitalista consiste en el desarrollo y revolucionamiento contínuo y acelerado de la fuerza productiva de trabajo, producto de la competencia cada vez más feroz entre capitales. El modo en que cada capitalista logra esto es mediante la incorporación creciente de innovaciones científicas y tecnológicas aplicadas a la producción y la reorganización constante del proceso de trabajo. El efecto más inmediato es la producción de un número de mercancías cada vez mayor en un tiempo de trabajo cada vez menor. Lo que a su vez provoca el lanzamiento al mercado de una masa de mercancías cada vez más grande a un precio cada vez menor. De aquí la gigantesca crisis de sobreproducción que estamos viviendo a nivel mundial, no pudiendo absorber el mercado de consumo semejante masa de mercancías. De aquí también, el hecho de que se precisen cada vez menos manos obreras para producir la misma o una mayor cantidad de productos. Dicho en otros términos, esto significa literalmente que cada vez una mayor masa de obreros son expulsados del mercado de trabajo, pasando a ocupar el ejército de desocupados, masa que se denomina también sobrepoblación relativa, pues se trata de la población perteneciente a la clase trabajadora que no puede vender su fuerza de trabajo en el mercado, pues el capital no precisa de ella. Se trata de un movimiento objetivo, independiente de la voluntad de los seres humanos.

Este es el terreno general en que es preciso enmarcar desde el comienzo el conflicto desatado en la Planta Pacheco de la multinacional alimenticia Kraft Foods (ex Terrabusi). Dicho conflicto tiene una variedad de aristas por donde se lo puede analizar, desde el terreno de la disputa económica hasta el de la batalla de ideas al interior del movimiento obrero organizado, pasando por la utilización de la lucha obrera por parte de algunos sectores de la derecha oligárquica que intentan desde hace tiempo generar un clima de desestabilización que termine por voltear al Gobierno Nacional y el proyecto de desarrollo nacional que intenta llevar adelante.

De capitales norteamericanos desde la compra de la vieja Terrabusi en 1994, la compañía cuenta hoy en día con tres plantas industriales en el país –Pacheco y Tres Arroyos en la provincia de Buenos Aires y Villa Mercedes en San Luis– y 3500 empleados. Sus marcas más conocidas en el mercado son Suchard, Milka, Royal, Philadelphia, Tang, Oreo, Ritz y Club Social (C 15/9) y es la segunda en el mercado de galletitas, chocolates y alfajores, detrás de la compañía de la familia Pagani, Arcor. A comienzos de mes, Kraft realizó una oferta para quedarse con Cadbury –Beldent, Bubaloo, Chiclets, Halls, Media Hora, Mantecol–, empresa de capitales ingleses, la cual rechazó en un principio los U$S 16.700 millones que le ofrecía la norteamericana (C 8/9).

La historia del conflicto se remonta al 3 de julio, cuando los trabajadores, en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo –a raiz de la gripe A– , realizaron una protesta en el edificio administrativo de la empresa. Esta los acusó de “privación ilegítima de la libertad” hacia los empleados administrativos. Como resultado, el 18 de agosto se enviaron 160 telegramas de despido “con causa” –sin derecho a indemnización. Entre los despedidos, se hallaba la totalidad de la Comisión Interna del sindicato y delegados gremiales. Aquel día comenzó la toma de la planta, que se mantuvo hasta la tarde del 26 de septiembre, día en que, a partir de una orden judicial, la policía entró y desalojó por la fuerza a los obreros que la mantenían tomada. Como resultado del hecho se registraron numerosos heridos y 65 personas fueron detenidas. Luego del desalojo, la empresa aseguraba que seguiría en el país y mantendría todos los puestos de trabajo –sin reincorporar a los despedidos. Por su parte, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, intervino en diferentes momentos del conflicto, dictando una conciliación obligatoria luego de los despidos, intimando a la empresa a pagar la totalidad de los salarios correspondientes a los días en que estuvo frenada la planta –lo que se cumplió luego del desalojo– e instando en reiteradas oportunidades al diálogo a las partes intervinientes. El conflicto incluyó numerosos cortes de rutas, calles y accesos a la capital por parte de los trabajadores de la planta en reclamo por la reincorporación de los despedidos, así como de organizaciones políticas de izquierda, estudiantes y otras organizaciones sindicales, en apoyo de la misma causa. Así se expresaba José Penayo, representante de la Comisión Interna, en relación con la metodología de los cortes: “Lamentamos tener que molestar a la gente, pero es la única forma que tenemos de reclamar una intervención de parte del Gobierno en este conflicto que ya va para los 40 días” (LN 25/9). Los cortes y movilizaciones en diferentes puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires se intensificaron luego del desalojo violento de la fábrica, y continuaban al cierre de esta edición del Análisis…

Canciones de protesta a dúo

Durante el tiempo que duró el conflicto, se sucedieron –como ya es costumbre– numerosas voces provenientes de distintas fracciones del capital, alertando al país de los peligros de la escalada conflictiva.

A mediados de mes, con la planta tomada y paralizada, y cuando comenzaban a multiplicarse los cortes y manifestaciones, hacía sonar la alarma la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimencicios (COPAL). En un comunicado y a través de su presidente, Jorge Zorreguieta, la corporación empresaria expresaba “su grave preocupación por los hechos que se vienen produciendo en la Planta Pacheco de Kraft Foods, caracterizados por la ocupación ilegítima de ese establecimiento, la violencia y la intimidación que lleva adelante un grupo minoritario de ex operarios despedidos conforme a las leyes laborales vigentes. (…) Dicho accionar implica una clara violación de la libertad de trabajo de los operarios que se desempeñan en el mismo, afectando también el derecho constitucional a ejercer toda industria lícita y la libertad de tránsito de la sociedad toda” (C 15/9). Al día siguiente, sumaba su voz al dúo la Unión Industrial Argentina (UIA), quien afirmaba: “La metodología abiertamente ilegal adoptada por un grupo de operarios que desconocen la intervención de la autoridad pública y judicial configura una directa violación de derechos constitucionales, afecta la seguridad jurídica y el clima necesario para la inversión y creación de empleos formales, pilares de una economía de crecimiento y desarrollo” (LN y C 16/9). Es letra conocida. Las entidades gremiales empresarias invocan sus derechos de propiedad, así como de producción y circulación de mercancías. La violación de los mismos por parte de los trabajadores genera un clima hostil para los negocios, garantía inquebrantable –según ellos– de que haya trabajo y bienestar en el pueblo.

La cantidad y el tono de los comunicados empresarios crecieron, al desatarse la represión policial que desalojó la planta el viernes 25. “Se están usando métodos muy poco civilizados. Es una muestra terrible de una escalada complicada”, se quejaba Héctor Méndez, presidente de la UIA, y alertaba que “el conflicto se está extendiendo y algunos grupos que protestan quieren obstaculizar la posibilidad de que cualquier persona (tenga relación o no con el conflicto) vaya a trabajar”. La barbarie agredía una vez más a la civilización…

Represión y repercusión

El juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, informaba acerca de las causas que lo habían llevado a librar la orden de desalojo: “Todo comenzó siendo un reclamo valedero, legítimo y al amparo de derechos de índole constitucional. [Sin embargo,] bajo ese pretendido ropaje, se ha sumado la perpetración de hechos con apariencias delictivas”; y repetía los argumentos de las entidades empresarias, invocando “garantías de raigambre constitucional, como lo son la de trabajar y ejercer industria lícita” (CR 26/9).

Lo cierto es que los debates por el alcance y la competencia del accionar policial iban in crescendo, debido a la multiplicación de los cortes de calles, rutas y accesos, ya no sólo en la ciudad, sino en otros puntos del país. Sobre este punto, comentaba Aníbal Fernández, jefe de Gabinete nacional: “Charlé con el gobernador para pedirle que fuéramos en esto un poquito más contundentes. El fin tiene que ponerse y a corto plazo. No tiene que haber represión ni cosa por el estilo”. Al tiempo que sentaba nuevamente la postura del Gobierno Nacional al respecto: “Si tenemos que atentar contra la vida de los otros, no lo vamos a hacer” (LN 26/9).

A todo esto, se sumaba el coro de voces de la oposición, pegándole “por izquierda” al Gobierno Nacional e intentando sacar rédito político. “Tememos que estos episodios sean el comienzo de un proceso de mayor violencia contra los trabajadores que luchan por sus derechos”, afirmaba el jefe de la bancada de la Coalición Cívica, Adrián Pérez. Sumábase la voz de su aliado radical, senador y jefe de la UCR, Gerardo Morales: “Es incompatible la presencia de policías armados en una huelga de obreros en reclamo, nos recuerdan malos tiempos del pasado”. Y aportaba el diputado electo por el partido Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas: “Repudiamos la actitud del Gobierno, que prioriza los compromisos externos en vez de atender la alarmante deuda con nuestro pueblo” (LN 26/9). Al día siguiente, se sumaba al coro la voz de Humberto Tumini, del Movimiento Libres del Sur: “Aníbal Fernández y el gobierno nacional –como se deduce de todos los elementos públicamente conocidos– ya habían negociado con la empresa el desalojo por la fuerza”. Y cerraba el quinteto la mediática diputada por la UCR, Silvana Giudici: “El gobierno de los Kirchner y de Scioli demuestran su inoperancia a través del violento desalojo. En vez de reprimir, deberían preocuparse por políticas que mejoren la calidad de vida de los argentinos” (LN 27/9). Todos, cada uno a su manera, cada quien con sus modos, parecían tener guardada en algún bolsillo interno la fórmula de resolución para los crecientes conflictos laborales que venimos constatando, como respuesta a una crisis sistémica que no deja de profundizarse.

“Estado cómplice”

Bajo este clima, operaba inmediatamente la oligarquía terrateniente a través de su legendario órgano matutino, La Nación, desplegando la táctica de montarse sobre el conflicto para profundizar su plan destituyente. Así se expresaba en su columna editorial del 26, titulada sugestivamente “¿Un Estado ausente o cómplice?”: “En donde el Estado debería intervenir en cumplimiento de sus facultades constitucionales, no lo hace. Los índices de pobreza continúan subiendo escandalosamente, la inseguridad a diario cuesta la vida de decenas de argentinos y causa lesiones, angustia, infelicidad y desasosiego. A esa gente el Estado les dice: ‘Yo no puedo intervenir’ o, lo que es peor: ‘Yo no debo intervenir’”. Primer paso. Con este Gobierno, el Estado no está donde se lo necesita: no intenta ni le interesa frenar la pobreza y la inseguridad. Desde ya, ni una sílaba sobre qué intereses de qué clase social –precisamente la que representa este matutino– generaron las condiciones que aquí se denuncian. El Estado aparece así como algo autónomo, independiente de la sociedad y con posibilidades de hacer cualquier cosa. De este modo: “El deterioro de la institucionalidad que constituye un valor indispensable para el ejercicio pleno de la democracia deja a la sociedad absolutamente indefensa frente a la sucesión de conflictos presuntamente catalogados como gremiales, pero que en realidad ocultan una compleja trama de intereses en la cual el Estado, una vez más, permanece en un grado de ausencia tal que se parece mucho a la complicidad, dejando indefenso al conjunto de la sociedad”. Segundo paso. El Estado no sólo no actúa cuando tiene que actuar –léase reprimir–, sino que fogonea los conflictos laborales y contribuye a politizarlos, lo que lo convierte en cómplice de los extremistas de izquierda. “No obstante ello, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictó una conciliación obligatoria que fue violada por algunos manifestantes que hace 20 días tomaron de forma violenta la planta industrial, paralizando la actividad y afectando a miles de puestos de trabajo, provocando además numerosos cortes en las vías de tránsito, tanto en la ruta Panamericana como en diversas calles de la Capital, afectando sensiblemente el desplazamiento de ciudadanos ajenos al problema”. Tercer paso. No contentos con construir e interpretar los hechos según su interés de clase, la oligarquía pasa a falsear directamente los mismos. Fue la empresa la que violó la conciliación obligatoria, negándoles el ingreso a los delegados gremiales e incumpliendo el pago de salarios atrasados. Cuarto paso. Los trabajadores están en contra de los ciudadanos que nada tienen que ver con nada. Se insiste con el clásico intento de la despolitización de la población, fundamentalmente las “capas medias”, para generar un clima favorable a la represión. Continuemos: “La ocupación ilegal de las instalaciones constituye un hecho grave. Pero más grave aún es la falta de decisión del gobierno nacional para resolver esa situación que se remonta a más de un mes y el estado de brutal indefensión de la empresa, sin poder ejercer libremente el derecho dentro de su propio predio”. Quinto paso. El Estado no defiende a los empresarios indefensos y a su propiedad privada frente a los trabajadores, como sucedería en cualquier país “en serio”. Por tanto: “En ausencia del Estado, se han violado los derechos constitucionales, se afectó la seguridad jurídica y el clima necesario para la inversión y creación de empleos formales, que son algunos de los pilares fundamentales para sostener una economía que está reclamando crecimiento y desarrollo, mientras los índices reales de desocupación y pobreza crecen de manera alarmante”. Sexto paso. Nuevamente, este gobierno viola y deja violar la Ley Fundamental de la República. Se mueve en la inconstitucionalidad. De este modo, es este gobierno y los trabajadores organizados los que se ponen en contra de la generación de empleos y hacen crecer la desocupación. Ya saben, por lo tanto, a quién ir a reclamar si no hay trabajo… Pero no todo ocurre fronteras adentro: “A quien sí escuchamos hablar de la grave situación planteada es al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en su discurso ante la Asamblea de la ONU, al afirmar que si el presidente Barack Obama lo autorizase, compraría esta empresa para dársela a los trabajadores. Parece quedar claro quién financia estos movimientos que, con el pretexto de dudosos conflictos gremiales, buscarían apropiarse de fuentes de producción rentables. ¿Sería esta la razón última de la prescindencia del gobierno argentino en el conflicto?” (LN 26/9). Séptimo paso. Sobrevuela el fantasma chavista de la estatización bajo control obrero, práctica que continúa generalizándose en el proceso de la Revolución Bolivariana y que amenaza con extenderse en la Argentina, que cuenta con numerosos ejemplos de autogestión obrera, sobre todo luego de la crisis del año 2001. En el mismo sentido, se afirma que lo que parecen a simple vista conflictos gremiales no lo son en verdad, sino pasos dentro de un plan sistemático de expropiación de empresas al capital privado para arrojarlas a manos de algún Estado –argentino o venezolano–, con los obreros como ejecutores del siniestro plan.

Al día siguiente, la columna dominical de Joaquín Morales Solá en el legendario periódico titulada “Un país entre la furia y el error”, se iniciaba de este modo: “Néstor Kirchner aborrece a los piqueteros de izquierda, pero el problema es que tiene piqueteros amigos. La autoridad moral se desvanece entonces”. Se ataca, entonces, lo que vendría a ser una “doble moral” del Gobierno. No se habla, claro, de los piqueteros amigos de La Nación, esos “patriotas de a caballo” –léase 4x4– que heroicamente cubrieron las rutas por el bien de todos el año pasado. Se pregunta Solá entonces: “¿Por qué los piqueteros de izquierda deberían aceptar la disciplina cuando algunos colegas oficialistas caminan sobre las alfombras del poder? ¿Por qué algunos empleados en conflicto deberían acatar la autoridad laboral si esta es una mera formalidad desde hace mucho tiempo?”. La intransigencia de los obreros de Kraft y su Comisión Interna sería producto de la propia gestión del Gobierno Nacional desde la llegada de Néstor Kirchner al poder en 2003. Los hechos son la entrada de piqueteros al Gobierno junto con la palabra continuamente polémica y confrontativa. Y remata: “Digan lo que digan, la Argentina nunca se repuso de las anormalidades de la gran crisis de principios de siglo” (LN 27/9). Acertado. Las premisas de la tremenda crisis de 2001 siguen vigentes. No obstante, los hechos parecen demostrar que no se trató ni se trata de ninguna “anormalidad”, sino de las consecuencias del desarrollo “normal” del capitalismo periférico en su etapa denominada “neoliberal”, o sea, en su etapa de descomposición.

Canciones de protesta en el Capitalfest

Ese mismo día 27, aparecía en los principales matutinos del país una solicitada de la propia compañía estadounidense. Allí se sostenía que “Kraft Foods lamenta la grave afectación al legítimo derecho constitucional a trabajar de sus 3000 empleados, como consecuencia del accionar violento e ilegal del grupo de cincuenta (50) ocupantes ilegales de su Planta, como así también la situación de angustia y tensión a la que se vieron sometidos a lo largo de este conflicto”. Nuevamente el argumento de la minoría movilizada contra la mayoría que quiere trabajar libremente. Nada se dice, por supuesto, de responsabilidades de la empresa al respecto. Allí mismo, ratificaban la decisión de seguir en el país, mantener los puestos de trabajo existentes (no se menciona siquiera la posibilidad de reincorporación de los despedidos), el plan de inversiones, así como el abono del salario completo a todos los empleados que hubieran recibido descuentos por la paralización de la planta (LN 27/9).

Y vendría un canon de voces con canciones de protesta por la ya clásica ausencia de clima para hacer negocios en la Argentina:

1         Juan José Aranguren, presidente de la petrolera angloholanesa Shell: “Lo de Kraft es otro síntoma de la crispación que vive nuestra sociedad. Merece que todos hagamos un esfuerzo por bajar el nivel de conflicto” (LN 29/9). Recordemos sólo que Shell fue una de las empresas que más conflictos generó con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con aumentos unilaterales de tarifas, no venta de combustible en sus estaciones y desabastecimiento explícito.

2         Roberto Doménech, jefe del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) y vicepresidente de COPAL: “Lo de Kraft es un problema que, aparte de generar trastornos, crea inseguridad porque la Justicia considera que no tiene que actuar y va perjudicando el clima de negocios. Lo veo con la preocupación con que lo vemos todos. Además, no se acatan las conciliaciones; los delegados tienen fueros [¡Horror! ¡Tienen fueros! ¿No reclamaba siempre el respeto de la Ley “la muchachada empresaria”?]; aparecen los activistas… No puedo decir qué hay que hacer, pero nadie tiene derecho a efectuar cortes así” (LN 29/9).

3         Jorge Sorabilla, empresario textil y tesorero de la UIA: “El impacto económico para la empresa es muy grande porque no resulta fácil para ninguna compañía estar 40 días con la producción parada, pero al menos esperamos que el desenlace con el desalojo de la fábrica se convierta en un leading case para disuadir futuras tomas de plantas” (LN 29/9).

4         Héctor Méndez, presidente de la UIA: “Hay temor porque hay realidades. (…) Existen algunos establecimientos y plantas en otros lugares en el país donde ocurre algo similar” (LN 30/9).

5         Oscar Andreani, presidente del Grupo Logístico Andreani (en el Precoloquio de IDEA): “No se deberían permitir ni los cortes de ruta ni los piquetes. La verdad es que no sabemos cuáles son los motivos por los cuales se permiten” (LN 30/9).

6         Alberto Schuster, Director Ejecutivo de KPMG y Presidente del 45º Coloquio de IDEA (en el mismo Precoloquio): “No parece concebible que una planta pueda estar tomada y que la Justicia no aplique el derecho de propiedad en el debido tiempo. (…) [Las empresas] necesitan un Estado que genere el clima para que haya más inversiones”. (LN 30/9). O sea, necesitan un “Estado cómplice”…

7         Daniel Funes de Rioja, Presidente de Políticas Sociales de la UIA: “[Lo que] preocupa de todo el conflicto laboral es cuando la metodología ya no es laboral; cuando se produce ruptura del orden, por piquetes y otros actos que interfieren en los derechos de otros, todo el sector empresarial está muy preocupado” (LN 30/9).

8         Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural Argentina (en el mismo Precoloquio): “Hay una convulsión que está desbordando a las instituciones rurales” (LN 30/9). Para quien, como vemos, cualquier hecho es excusa para hablar del conflicto de las patronales rurales. Aquí el clima de “convulsión” y “crispación” se utiliza como amenaza de más medidas de fuerza por parte de la Mesa de Enlace. Al mismo tiempo, afirmaba sobre el conflicto en Kraft: “Vemos con preocupación el estallido de este tipo de conflictos en las empresas porque hay algunas comisiones internas que parecen más poderosas que la propia CGT” (C 30/9).

9         Amadeo Vázquez, director independiente de Gas Natural Ban y Tenaris: “Debemos reflexionar sobre el avance de las protestas en los espacios públicos” (C 30/9).

10     Daniel Artana, economista de FIEL: “Es una muy mala señal para las inversiones de todo tipo porque en ningún lugar del mundo es posible tomar una planta por 40 días y que no pase nada”, al tiempo que le ponía nombre y apellido al núcleo del problema: “El principal riesgo que enfrenta la economía doméstica, que viene con viento de cola en el mundo, se llama Néstor Kirchner” (C 30/9).

En síntesis: “preocupación”, “temor”, “crispación”, “convulsión”, “mala señal” son los conceptos que algunos sectores del capital sostienen para definir la difícil situación. De fondo, sobrevuela en los discursos la defensa de “su” derecho, más legítimo que cualquier otro, casi sagrado, el derecho de propiedad, y el principal peligro contra este: Néstor Kirchner. No debemos perder de vista la relación estrecha entre estas expresiones y el final del Editorial de La Nación analizado más arriba: el fantasma de la expropiación. Aunque sepamos que, dentro del sistema capitalista, no es ni el Estado ni la clase obrera la que principalmente expropia al capital, sino que el desarrollo de la crisis misma lleva a que los capitales más concentrados expropien a un ritmo cada vez más vertiginoso y de manera cada vez más violenta a los capitales más pequeños. Ahora bien, si leemos estos discursos en clave mundial y latinoamericana, vemos que no pasan desapercibidos para las expresiones locales del capital los movimientos que se están dando en diferentes países de Latinoamérica –con apoyo y empuje de sus respectivos gobiernos– en dirección a profundizar esta fractura objetiva al interior de la burguesía, y colocando los derechos de los trabajadores y de las masas expropiadas antes que los derechos de propiedad del capital.

Reclamos, desplantes y respuestas…                 

El día lunes 28 –otro día de cortes y protestas de diferentes sectores en apoyo a los obreros despedidos– salía a jugar en el conflicto la misma Embajada norteamericana en Argentina. A través de un comunicado, reafirmaba su apoyo a “la plena aplicación de los derechos laborales, así como el respeto por los derechos de propiedad y las decisiones del sistema judicial”. Y no obstante sostener que “no está involucrada en las negociaciones en curso”, dejaba más que claro su posicionamiento: “La embajada sigue de cerca la situación en línea con el deseo de promover las inversiones de Estados Unidos en la Argentina, las cuales proporcionan buenos puestos de trabajo a 155.000 argentinos. Nos complace saber que la planta de Kraft está nuevamente en funcionamiento” (C y CR 29/9).

Al día siguiente, el Jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, no asistía a una reunión previamente concertada con la embajadora norteamericana Vilma Socorro Martínez, en obvio rechazo del Gobierno a las declaraciones de la Embajada.

Al respecto, exigía uno de los delegados despedidos, Javier Hermosilla, en una asamblea realizada el 29 en la puerta de la planta: “Este gobierno no se puede someter a las órdenes de otro, por más que sea la mayor potencia. Somos un país soberano con nuestras leyes y conquistas. No es cierto que Tomada no tenga atribuciones para intervenir más fuerte, como le pedimos. El Estado tiene que mantener la paz social y las fuentes de trabajo” (P12 30/9). Luego, se aprobaba por mayoría una movilización al Ministerio de Trabajo bonaerense.

Y el propio ministro Carlos Tomada se encargó de contestar estas y otras palabras de los diferentes actores involucrados: “Me presiona mucho más la situación de un trabajador despedido, que el llamado de cualquier embajada”, se apuraba en dejar en claro, en una entrevista al diario Página 12. Y agregaba: “Los trabajadores tienen sus puestos asegurados. No nos pueden decir que nos desentendemos de los temas o que no hemos actuado. Nosotros podemos cometer errores y en este tema hemos cometido alguno. Pero, que no intervenimos (…) es mentira”. Al mismo tiempo, señalaba el carácter netamente político del conflicto: “Acá no hay un problema vinculado a una situación de crisis económica de la empresa o de condiciones de trabajo. Es otro tema”, admitiendo que se trataba de “un conflicto donde la empresa toma la decisión de tomarse una revancha con trabajadores (…). El conflicto tiene aristas complejas, que exceden a los despidos. Es un conflicto político”. A su vez, en la misma entrevista, la viceministra de Trabajo Noemí Rial salía al cruce de las declaraciones alarmistas del presidente de la UIA: “En el curso de un escenario de crisis global del empleo se firmaron 350 acuerdos salariales, cuando nadie en el mundo habló de salarios. De todos esos, le pregunto a Méndez cuántos conflictos reales hubo. Que me nombre tres seguidos. (…) Méndez, en varias oportunidades, reconoció lo bien que le fue durante la gestión Kirchner. Más de 4 millones de trabajadores cerraron acuerdos sin conflicto. Es llamativo que la UIA tome parte tan rápido sin consultarnos antes”. Y luego, Tomada se despachaba contra el carácter destituyente que implican las posiciones criticadas por Rial: “En la radio, en la televisión y en los diarios hablan de cortes y paros por todos lados, pero yo me pregunto: ¿Por qué no hablaban igual de los cortes cuando estaba el conflicto con el campo? Ahora están todos sacados con que no se puede vivir en la ciudad de Buenos Aires por el ‘caos’ que significan los cortes de calles. Durante el conflicto con el campo estaban desabasteciendo el país y los mismos que ahora se quejan los justificaban” (P12 30/9).

En el Gobierno del Estado, comenzaban a hacerse eco del salto que viene dando la Unión Industrial, que tuvo como primer punto de llegada el reemplazo en la conducción de Juan Carlos Lascurain –ligado a la idustria metalmecánica– por Héctor Méndez –quien responde más al conglomerado agroalimenticio, nucleado en la COPAL. Este salto –analizado en anteriores números del Análisis…– implica el abandono paulatino de la alianza social entre los principales sectores del capital industrial y el grueso del movimiento obrero organizado, que dio germen a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, para pasar a sumar fuerza cada vez más abiertamente en la alianza que conducen los grandes propietarios de la tierra, nucleados hoy en la denominada Mesa de Enlace. Nótese que no es casual el posicionamiento de la UIA en un conflicto que involucra a la industria de la alimentación, cerrando filas con la COPAL.

Al mismo tiempo, en declaraciones radiales, la viceministra se metía en la disputa por la identificación de por qué se había desatado este conflicto: “La empresa fue la que empezó el conflicto (…). Lo empezó porque tenía que haber actuado en forma normal, como todas las empresas, con la Gripe A”. Daba, de este modo, la razón a los trabajadores en su protesta. Tomada, por su parte, sostenía su postura en relación con los procesos judiciales iniciados por la empresa hacia los delegados: “Mientras la Justicia no se expida, tienen derecho a operar como delegados. Si la empresa insiste en no permitir su ingreso a la planta, el Ministerio de Trabajo deberá evaluar procedimientos para sancionarla” (C 1/10).

El cuerpo y el espíritu del conflicto

Al final del número anterior del Análisis… afirmábamos, en referencia a la tensión creciente que existe hoy en el movimiento obrero organizado: “En esta tensión cada vez más creciente entre la lucha gremial-corporativa –posición dominante tanto al interior de las dos CGT como de la CTA– y estos esbozos de salto a la lucha política, tensión contradictoria entre pararse y mirar el mundo desde lo particular o hacerlo desde lo general –esto es, tendencialmente, desde el conjunto de la clase trabajadora–, se halla compenetrado el movimiento obrero por estos días”. Analizábamos allí los primeros pasos de la “corriente de opinión político-sindical” con la que una parte de la CGT se lanzaba a la palestra de la pelea política, esto es, a pelear por un modelo de país, en el seno de toda la sociedad. Veíamos también cómo estos esbozos de salto a lo político generaban reacciones de algunos sectores, dentro y fuera del sindicalismo, en un intento por mantenter “a raya” al movimiento obrero. Es decir, que no se pase de la línea de reclamar por mejoras salariales y condiciones de trabajo. En síntesis: que no juegue abiertamente en política, como está jugando –y cada vez más– un sector del mismo.

El conflicto desatado en Kraft se inscribe dentro esta contradicción que vive el movimiento obrero, como un eslabón más dentro de su desarrollo.

Son múltiples los elementos de dicho conflicto que se desplegaron como expresión de la contradicción señalada. Sabido es que la conducción de la Comisión Interna de Kraft, la que conduce el conflicto, se halla enfrentada políticamente tanto con la conducción de su propio gremio –el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA), liderado por Rodolfo Daer– como con la dirección de la CGT.

Anotemos, antes de continuar, una diferencia importante. Daer pertenece, dentro de la CGT, al sector de los llamados “gordos”, gremios que fueron la “pata” sindical que avaló las políticas neoliberales de los ’90. Y más todavía. Daer fue el Secretario General de la CGT durante todo ese período. Fue la época en que un sector del sindicalismo se desprendió de la central y formó el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), el que junto con la ya formada Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y otros sectores sociales dieron cuerpo a la resistencia y lucha contra el neoliberalismo bajo los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Luego de la crisis de 2001 y sobre todo a partir del gobierno de Néstor Kirchner en 2003, se inició un proceso de unificación de la CGT, que tuvo varios momentos y que dio como resultado la conducción actual del camionero Hugo Moyano, acompañado por todos los gremios que habían estado en el núcleo del MTA (Judiciales, Dragado y Balizamiento, Taxistas, Docentes Privados, Canillitas, entre otros). Los “gordos” quedaron dentro de la central, subordinados, pero con poder de fuego, que les da el hecho de ser los gremios con mayor cantidad de afiliados (Empleados de Comercio, Luz y Fuerza, Sanidad, Construcción). Asistimos hace dos meses a una pelea feroz entre este sector y la conducción de la CGT –que estuvo al borde de la ruptura–, como producto de la profundización de la pelea política general dentro del país y cuyo eje es la tensión señalada arriba entre una central de trabajadores que se pare desde las reivindicaciones particulares de los diferentes gremios –posición defendida por los “gordos”– u otra que ponga el eje en la batalla política general (ver Análisis… Nº 110). Con contradicciones, avances y retrocesos de todo tipo, este último parece ser el camino elegido por la actual conducción, todavía tanteando y recién comenzando a reconocer el terreno de la batalla política.

Uno de los puntos a tener en cuenta para el análisis es el momento en que se desata el desalojo de la planta, con la consecuente escalada de cortes de calles y rutas y movilizaciones. Se trata de apenas una semana después de que 117 gremios de la CGT se reunieran en Mar del Plata en el Encuentro Nacional del Sindicalismo Peronista y dieran a conocer un documento –incluído como Apéndice en el presente número del Análisis…– en el que se plantea, luego de muchos años, un programa político con mirada estratégica desde el movimiento obrero, programa que pone el eje en la defensa de la democracia y del modelo que lleva adelante el Gobierno Nacional, para profundizarlo e ir por más en la pelea contra el enemigo principal, identificado con claridad en la oligarquía terrateniente y sus expresiones políticas, intelectuales, mediáticas, etc.

Los dos principales dirigentes de la Comisión Interna de Kraft son Ramón Bogado y Javier Hermosilla. El primero es miembro de la Mesa Federal de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que conduce el Partido Comunista Revolucionario (PCR). El segundo pertenece al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Ambas organizaciones de izquierda se hallan abiertamente enfrentadas al Gobierno Nacional, al que responzabilizan por la situación de pobreza y desocupación actual. Hay que mencionar que, a diferencia de otras organizaciones de izquierda, el primero de estos  partidos jugó abiertamente en la disputa del año 2008 por la Resolución 125 de Retenciones Móviles a favor de las patronales del campo, con el argumento de “defender a los pequeños productores”, pese a lo cual se veía flamear sus banderas en Palermo, mientras hacía uso de la palabra el Presidente de la Sociedad Rural Argentina…

Estos elementos son importantes a la hora de tener en cuenta quién es el sujeto que condujo y conduce verdaderamente el conflicto de Kraft. Ya venimos analizando largamente en estas páginas los diferentes intentos, por parte de algunos sectores, de generar un clima destituyente que termine por voltear al Gobierno Nacional. Los sucesivos editoriales y notas del órgano oligárquico, La Nación, tratados en este y en anteriores números así lo demuestran. Cabe preguntarse entonces a quién sirve, estratégicamente hablando –esto es, proyectando este hecho particular en el proceso de profunda disputa por los modelos de país–, el conflicto desatado en Kraft.

Tenemos un ejemplo de ello en la nota de La Nación, titulada “Un gobierno que no tiene estrategia”, firmada por uno de sus periodistas estrella, Carlos Pagni: “El ciclo Kirchner no había tenido que lidiar, hasta ahora, con movimientos de este tipo. (…) Sin embargo, había que esperar un recalentamiento social. (…) El panorama parece hecho a medida de los afiebrados documentos que circulan por las organizaciones de ultraizquierda, diagnósticos que suelen detectar situaciones prerrevolucionarias hasta en los embotellamientos de tránsito. (…) Los Kirchner miran este nuevo mundo azorados. Se habían preparado para llegar al 2011 repitiendo el mantra de la distribución del ingreso y rivalizando con la “derecha”. Es decir, con Duhalde, Macri, De Narváez, Reutemann o Cobos. Pero no se entrenaron para un conflicto con la izquierda. Las tomas de fábricas y los cortes de rutas los sorprenden sin estrategias ni discurso, consternados. Una angustia comprensible. En el bazar de la política se pueden encontrar los más variados objetos. Menos una receta “progre” para reprimir” (LN 26/9).

“Había que esperar un recalentamiento social”… Da la sensación de que la oligarquía lo hubiese estado esperando –o más bien induciendo– desde hace tiempo. Lo que venían buscando, sin dar en la tecla, desde que finalizó el conflicto por las retenciones móviles –volver a aglutinar y movilizar a las capas medias urbanas, así como a algunos sectores populares detrás del programa de la Argentina Sojera, a partir de un conflicto desatado por reclamos del propio sector agrícolo-ganadero– lo encuentran en un conflicto generado por reivindicaciones de un sector de la clase trabajadora. Y no es casual el signo político de quienes desencadenaron el conflicto y quienes se movilizaron a través de cortes de rutas, calles y actos, tanto en la fábrica como en la sede de algunos organismos de los estados nacional y provincial.

La izquierda partidaria le ponía, de este modo, cuerpo al espíritu del plan oligárquico. El carbón que prende el fuego del asador golpista-destituyente que se viene gestando desde el seno de las patronales rurales. La oligarquía procede así a realizar un movimiento de pinzas sobre el gobierno: por un lado, pega por izquierda denunciando la pobreza, desocupación y condiciones laborales, y reserva en las páginas de sus diarios un espacio creciente para detallar los movimientos y acciones de las organizaciones de izquierda; por otro, aviva en las capas medias el fantasma del país-caos, donde ninguna norma se acata y rige la ley de la selva, para que quede ya justificada de antemano la intervención de las fuerzas represivas y un potencial Golpe de Estado que ponga orden. De paso, la represión policial puede ser endilgada al Gobierno Nacional para profundizar el enfrentamiento entre este y los sectores “filoizquierditas” y “progresistas” de la clase media.

Este movimiento de desestabilización golpista se profundiza y despliega con todo su potencial ideológico unos días después, en una nota de Joaquín Morales Solá, quien viene llevando en la Tribuna de Doctrina la voz cantante en esto de querer barrer cuanto antes con el Gobierno. Escuchemos por un momento sus palabras, tituladas “La sociedad, atrapada entre minorías”: “Los Kirchner llegaron al poder entre piquetes y se irán entre esos disturbios. Tal alteración de la normalidad, que hace imprevisible la vida cotidiana del argentino común, es una de las grandes deudas del matrimonio gobernante. Preocupados como están por ganar con estructuras, con recursos estatales y con pasajeras ventajas institucionales, los Kirchner parecen indiferentes a las claras señales de fastidio de una sociedad ciertamente abrumada. (…)

En algún momento de la mañana de ayer, casi todos los accesos a la capital (y varios lugares lugares de la capital misma) estuvieron cortados simultáneamente por piquetes de grupos de izquierda. Todos tenían pendientes cuentas laborales, pedidos por puestos de trabajo o reclamos por promesas de mejoras ocupacionales que no se cumplieron. (…)

El problema de fondo es que los Kirchner se negaron siempre a hacer valer el papel del Estado como protector del orden público. Primó el criterio fácil de que ‘no debe reprimirse ni criminalizar la protesta social’; es decir, ganó la política de no hacer nada. (…)

¿Por qué aceptaron que se castigara, en cambio, al transeúnte común y corriente, cuyos compromisos laborales o de cualquier naturaleza son arrasados por súbitos motines en rutas y calles. El caso de la ruta Panamericana es emblemático de una situación que ha empeorado en lugar de mejorar con la reconstrucción económica del país. Ese acceso clave a la Capital no fue cortado ni en los peores momentos del cataclismo social y económico de 2001 y 2002. (…)

La Argentina que viene será conflictiva en el plano laboral. Comisiones internas de izquierda o de ultraizquierda están tomando la representación de los trabajadores. Esa es la consecuencia también de una dirigencia gremial fosilizada, indiferente y muchas veces corrupta. (…)

Hay una clara disociación entre el país formal o estructural y el país real que expresó su opinión en junio. Kirchner gobierna sobre viejas estructuras con mucha más fuerza que la escasa fuerza electoral que le va quedando.

La mayoría opositora que ganó las últimas elecciones no se ha hecho cargo de sus puestos todavía y, en algunos casos, oscila entre la fragmentación y la decepción. El vacío que deja la política real lo están ocupando fuerzas de izquierda que sólo pueden ser visibles a través de la rebelión constante. Una inmensa mayoría social parece atrapada y prisionera entre Kirchner y la ultraizquierda, dos conmovedoras minorías” (LN 30/9).

El lenguaje se vuelve casi transparente. La figura del movimiento de pinzas se usa aquí de otro modo, pero para llegar a la misma conclusión que vimos arriba: es el Gobierno y la izquierda quienes amordazan desde dos lados diferentes a la pobre sociedad. Por otra parte, notemos que ninguno de los dos pertenecen al reino social, están aparte. Son invocados nuevamente los espíritus de 2001 y 2002, profetizando una caída próxima del gobierno a manos de los piquetes. En el mismo sentido, utilizan a las organizaciones izquierda, que no tienen peso real en el movimiento obrero, si uno echa una mirada hacia el conjunto del mismo, para golpear a su conducción, que una semana antes hacía un planteo estratégico hacia el conjunto de la sociedad, proyectando un modelo de país completamente antagónico al de las páginas que venimos analizando aquí y que promete dar la pelea por el mismo hasta el final. No resulta casual que sea el grueso del movimiento obrero –expresado en la conducción de sus dos grandes centrales sindicales (CGT y CTA)– quien vaya quedando de a poco como casi único sostén del Gobierno, ante el cada vez más claro corrimiento de la Unión Industrial hacia territorio oligárquico.

Queda claro entonces quién pone el plan, quién tiene verdaderamente política propia para capitalizar los conflictos laborales y los piquetes callejeros (ver, en este mismo número, el artículo “Dolores de parto”).

Sobre esta cuestión, se expresaba el diputado y asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, apuntando que si bien “la protesta es lógica y respetable” frente al accionar patronal, “hubo errores en quienes conducían el conflicto”. Y sentenciaba, en la misma línea: “Uno tiene que avanzar y ver cómo parar. No es una guerra a todo o nada” (CR 27/9).

De este modo, una parte del Consejo Directivo de la CGT sentaba clara posición frente al conflicto: “Repudiamos absolutamente la represión que sufrieron los trabajadores de la industria de la alimentación, trabajadores finalmente desalojados violentamente por orden de un juez, cosa que no ocurrió cuando por cuatro meses se bloquearon las rutas argentinas por las patronales rurales”. Se apunta directamente al enemigo principal, la oligarquía, a la vez que se exhorta “a todos los trabajadores organizados a no caer en la provocación ni en el reclamo desmedido, que sin lugar a dudas es funcional a la derecha económica” (CR 27/9). Al mismo tiempo, se advirte que “el Gobierno sufre permanentes presiones políticas y económicas, muchas de ellas con ánimo desestabilizador” (P12 27/9). El comunicado, firmado por Omar Plaini de Canillitas, Julio Piumato de Judiciales y Juan Carlos Schmid de Dragado y Balizamiento –dirigentes identificados como el “ala izquierda” de la conducción cegetista–, señala lo mencionado arriba acerca de qué sectores se benefician con el clima de conflictividad y acecho contínuo al Gobierno Nacional.

Radicalización y conciencia de clase

Lo que queda por preguntarnos son las causas por las que esta radicalización de algunos sectores que buscan confrontar continuamente por izquierda con el Gobierno son fácilmente fagocitados por la fuerza social que conducen los grandes propietarios de la tierra. Pues no se trata tan sólo de los métodos piqueteros, de la forma que toman los reclamos de todo este sector, con cierta influencia en algunas capas de la clase obrera pero compuesto en su fundamento y dirección política –cuantitativa y cualitativamente– por franjas de la pequeña burguesía. Se trata de una cuestión de fondo, de la política que se expresa bajo esa forma. En última instancia, de un problema de conciencia, que –como sabemos– tiene grados, o momentos, expresados a través de las diferentes formas de organización que la clase trabajadora se da en el desarrollo de la pelea contra su enemigo de clase.

Si analizamos el movimiento del conflicto social desde la llamada insurrección espontánea de diciembre de 2001 hasta los conflictos actuales –y a riesgo de caer en el reduccionismo–, observamos sin dudas un despertar de la acción de las masas que reaccionan de diversos modos frente a una crisis sistémica a nivel mundial que tiene sus modos de manifestación en el país. Este despertar se expresó y expresa a través de diversas formas de lucha, diferentes clases y sectores de clase, con sus consecuentes diferencias en sus reclamos y en su línea política –trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes, ruralistas, etc. Si miramos el desarrollo de los reclamos por parte de los sectores desposeídos de la sociedad, notamos una presencia cada vez mayor del movimiento obrero organizado como sujeto de las luchas. Ahora bien, si analizamos el contenido de la política que se expresa a través de los crecientes conflictos, notamos una hegemonía en los mismos por parte de las reivindicaciones puramente corporativas, sectoriales, particulares. Y esto se puede observar en las luchas protagonizadas por sectores de la clase obrera tanto ocupada como desocupada. Así en las disputas salariales o por condiciones de trabajo que llevan adelante los distintos gremios, como en la pelea por más puestos de trabajo, planes sociales, asignaciones universales, etc. que protagonizan las organizaciones sociales. En ambas predomina el llamado elemento espontáneo. Esto es, la lucha por la venta de la fuerza de trabajo en mejores condiciones o simplemente la lucha por obtener recursos para la reproducción material de aquellos que en el desarrollo de la crisis se hallan impedidos de vender su fuerza de trabajo al capital. Aquí no se cuestiona la relación misma capital-trabajo asalariado como forma de explotación de una clase sobre otra ni se pone en discusión el hecho dado sólo en la sociedad capitalista de que la fuerza de trabajo humana se convierta en una mercancía que se compra y vende para acrecentar la acumulación de capital y el consiguiente enriquecimiento de una clase en relación directa con la creciente expropiación material y miserabilización de la otra. Esta falta de cuestionamiento al sistema en su conjunto convierte al mero reclamo espontáneo por mejores condiciones laborales o dádivas estatales en una reafirmación del propio sistema, es decir, el aceitamiento de la propia relación capital-trabajo.

Lo que nos muestra el conflicto desatado en Kraft es un llevar al extremo, una radicalización de estos reclamos en los que prima el elemento espontáneo, con el razonamiento y la esperanza, por parte de aquellos sectores de izquierda que lo llevan adelante, de que la multiplicación de conflictos en los que sólo se pelea por la reproducción inmediata de los trabajadores llevará con el tiempo al cuestionamiento por parte de los mismos trabajadores del régimen burgués en su conjunto.

La historia reciente y no tan reciente del movimiento obrero parece señalar lo contrario. Es decir, que el fogoneo continuo y la radicalización de lo espontáneo, sin un planteo político-estratégico que se pare desde los intereses históricos de la clase obrera y tenga arraigo real en las masas trabajadoras, comprendiendo el desarrollo histórico del capital en cada país y, en el caso de un país de capitalismo dependiente como el nuestro cómo es su “momento nacional” en esta lucha, suele ser utilizado por la fuerza enemiga, quien lleva por historia la delantera –a pesar de estar fracturada y golpeada por la crisis– en cuanto a plan estratégico de dominación se refiere. Es decir, en el terreno de lo espontáneo, priman siempre los intereses históricos de la burguesía. En nuestro caso, de la oligarquía terrateniente, la expresión nacional de los intereses del imperialismo a nivel mundial. Porque el elemento conciente, esto es, revolucionario, si bien está contenido como forma embrionaria dentro del elemento espontáneo, no se desarrolla solamente a partir de este, sino que parte de premisas diferentes e implica desde el comienzo un corte, una ruptura con el desarrollo de lo espontáneo. Presupone la actividad sistemática y orgánica, ya en momentos de ascenso, ya de descenso del movimiento de masas. Y no sólo actividad práctica, sino también –como arma fundamental para la acción– actividad teórica.

Tenemos, en fin, un nuevo episodio de la disputa ideológica y política que se desarrolla actualmente en el corazón de movimiento obrero. Episodio que tuvo como principal rasgo la radicalización de la tendencia dominante al interior del mismo, esto es, aquella que pone el eje de la mirada en la lucha corporativa de un sector de los trabajadores, en desmedro de una mirada desde la clase trabajadora en su conjunto. Mirada que identifique con claridad la situación general, al enemigo principal, a los aliados ocasionales, y disponga a partir de allí las tareas políticas correspondientes a cada sector del movimiento.



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